El Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay remitió formalmente al Poder Legislativo un proyecto de ley que tiene como propósito fundamental la tipificación de ocho delitos ambientales específicos. El articulado de la norma prevé una escala de sanciones punitivas que varían según la gravedad de la conducta delictiva, fijando penas mínimas de tres meses de prisión y máximas que alcanzan los ocho años de penitenciaría. La iniciativa técnico-jurídica propone la creación de un título inédito y especializado dentro del Código Penal, estructurando un marco de responsabilidad criminal para aquellas conductas humanas o corporativas que atenten de manera directa contra la sustentabilidad ecológica.
El cuerpo legal clasifica las figuras delictivas en tres grandes dimensiones de protección. La primera se enfoca en la contaminación antropogénica del aire, los recursos hídricos y los sustratos del suelo, sancionando además la introducción ilegal de desechos industriales peligrosos. La segunda categoría ampara la biodiversidad nativa, penalizando la caza, pesca, captura o muerte de fauna protegida, la destrucción de la flora botánica dentro de ecosistemas vulnerables y el tráfico ilegal de especies. Por último, la normativa regula la gestión estatal y tipifica como delito la falsificación de declaraciones juradas, la presentación de informes técnicos apócrifos y la obstrucción de las inspecciones de control.
El texto enviado al Parlamento toma como base conceptual y técnica una propuesta legislativa diseñada por el Ministerio de Ambiente en el período anterior. Dicho documento recogió a su vez los antecedentes doctrinarios promovidos de forma conjunta en 2017 por la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Fiscalía General de la Nación para homologar la legislación penal uruguaya a los estándares globales.
