En el proyecto, enviado al parlamento por el Poder Ejecutivo a instancias de Cabildo Abierto, se consagra «el derecho a la reparación de todas aquellas personas que hayan sufrido daños en su persona y bienes, como consecuencia de hechos ilícitos cometidos, entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, por integrantes de organizaciones armadas de carácter ideológico o imputables a estas».
En su quinto artículo a su vez señala que: «El Estado se compromete al pago a las mencionadas víctimas o sus causahabientes, de una pensión reparatoria que se determinará por la reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo».
En su momento el Frente Amplio se manifestó a favor de considerar el tema pero votó en contra de la iniciativa de ley por la celeridad en su tratamiento y por considerar que se trata de un proyecto de “una absoluta vaguedad” que deja abierta la posibilidad para reclamos de “muchísima gente que pueda sentirse dañada en este período tan amplio” según declaró a la salida de la sesión el diputado opositor Eduardo Brenta.
Días atrás el proyecto fue aprobado con modificaciones en la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados luego de recibir a delegaciones de distintas organizaciones que han pedido ser escuchadas.
Este es el caso de Victoria Rodríguez, hija de Alma Rodríguez quien fuera presa política durante 7 años (1976-1983) y quien se considera víctima directa del terrorismo de Estado.
“Me considero una víctima directa porque sufrí allanamientos, fui secuestrada junto con mi madre cuando tenía 80 días y después sufrí maltratos psicológicos y físicos durante las visitas. Y todo eso lo hizo el estado” dijo Rodríguez a Diario La R quien aclara que nunca recibió ningún tipo de compensación o reconocimiento por parte del Estado.
La excepción quizás sea la ley de salud integral que los ampara pero al decir de Victoria Rodríguez la llamada oficina de víctimas del terrorismo de Estado no cuenta con los recursos necesarios para llevar adelante su trabajo en forma adecuada.
“No funciona” afirma Rodríguez y agrega que los profesionales no aceptan atenderlos porque los pagos, que necesitan autorización del MEF, pueden llegar a demorar hasta dos años para efectivizarse.
Por otra parte Rodríguez señala que teniendo ambos padres como ex presos políticos no heredó la pensión que les otorgaron: “ninguno de sus hijos ni nietos heredamos una pensión jubilatoria que ni siquiera son una reparación integral”, afirmó.
Con respecto a la reparación de familiares y víctimas de grupos armados Victoria al igual que la organización de ex presos y ex presas políticas Crysol, afirma que ya fueron reparados durante la dictadura y que ahora de desearlo pueden realizarle un juicio civil al Estado.
Más allá de esto consultada sobre el derecho de las víctimas de la guerrilla a recibir una reparación Victoria afirma: “no es mi realidad, lo que sé es que las niñeces y adolescencias que fuimos afectadas directamente no hemos sido reparados ni reconocidos ni hemos tenido un pedido de disculpas por parte del Estado a 38 años de la Democracia” enfatizó la militante.
Víctimas directas
Victoria compareció ante la comisión de Diputados el pasado miércoles 15 de marzo como parte del espacio Jacarandá, un grupo autoconvocado recientemente en el marco de las actividades que se llevarán a cabo este año por los 50 años del golpe de Estado.
“Fuimos a la comisión a expresarnos en contra de que el Estado todavía no repare a miles de niñeces y adolescencias que fueron atravesadas y se les cambió el rumbo de su vida siendo completamente inocentes de cualquier acusación” afirmó Rodríguez.
A su vez acotó que le parece un “disparate” una propuesta de ley que tiene como objetivo “imponer la teoría de los dos demonios”. Y afirmó estar en contra “de que el Estado no se haga cargo hace ya 38 años de todas las vidas que atravesó y que cambió y de los tratados que firma”.
Rodríguez afirma que el Estado uruguayo “corre a firmar a Naciones Unidas” pero cuando declara en ese espacio internacional “miente descaradamente” acerca del cumplimiento de sus compromisos.
Finalmente Rodríguez afirma estar “en lo personal” en contra a su vez de que “nuestro Poder Legislativo esté dedicando este tiempo para este tipo de leyes y no para ponerse al día con su deuda que tiene en el ámbito internacional para con las víctimas del terrorismo de Estado en Uruguay”.
Si el proyecto de ley es aprobado en el plenario de Diputados volverá a la Cámara de Senadores para ser nuevamente analizado tras los cambios introducidos en el Senado.
