El gobierno presentó ante el Parlamento una estrategia nacional de control de armas y municiones que pretende abarcar todo el ciclo de vida de las armas de fuego, desde su ingreso o fabricación hasta su tenencia, porte, transferencia, pérdida, hurto, incautación, peritaje y eventual destrucción.
El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció este martes ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, acompañado por la subsecretaria Gabriela Valverde, el director general de Secretaría, Gerardo Siri, y el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya.
La exposición se produjo en un contexto en el que el propio gobierno reconoce un aumento de los homicidios durante los últimos meses y busca reforzar la respuesta frente a organizaciones criminales y conflictos territoriales asociados a la violencia armada.
Negro sostuvo que la mayoría de los homicidios registrados en Uruguay se cometen con armas de fuego y señaló que la disponibilidad de estas incrementa la posibilidad de que amenazas, disputas o agresiones terminen con víctimas fatales.
El ministro informó además que el lunes 28 de setiembre fue enviado al Poder Ejecutivo un decreto destinado a actualizar los controles sobre armas y municiones. A esto se suman disposiciones incorporadas en la Rendición de Cuentas recientemente aprobada.
Armas y homicidios
De acuerdo con el diagnóstico presentado por el Ministerio, el aumento de los homicidios se concentra principalmente en Montevideo y Canelones, mientras que una parte relevante de los hechos recientes estaría asociada a disputas y represalias entre personas vinculadas a estructuras criminales.
La respuesta oficial combina entonces medidas de carácter general con intervenciones focalizadas sobre determinados territorios y organizaciones.
Uno de los principales dispositivos es el operativo Atenea, iniciado el 3 de noviembre de 2025. Según los datos expuestos ante la comisión parlamentaria, en los circuitos donde se implementó se produjo una reducción de 42% en los homicidios y de 27% en las personas heridas por armas de fuego.
El operativo Argos funciona como complemento de Atenea y extiende la presencia policial a zonas que quedan fuera del área de intervención del primer dispositivo, pero que presentan incidencia en homicidios, personas heridas por armas de fuego y episodios de disparos.
A estos mecanismos se agrega Dominio, diseñado para intervenir en microterritorios donde se producen situaciones de violencia armada y conflictos recurrentes. El barrio Marconi fue mencionado como uno de los lugares donde se aplicó este dispositivo.
El Ministerio informó que durante 2026 se afectaron las capacidades operativas de 22 estructuras criminales mediante 24 operaciones desplegadas en distintos departamentos.
Entre enero y agosto se realizaron 870 allanamientos, que permitieron incautar 418 armas de fuego, tanto largas como cortas, y 66.195 cartuchos.
En esos procedimientos también se incautaron 240.251 gramos de sustancias estupefacientes y $ 5.466.161 correspondientes a distintas monedas. Las operaciones derivaron en 695 personas condenadas o formalizadas y 49 menores sometidos a procesos infraccionales.
De lo allanamientos en Montevideo, entre el 1.º de enero y el 31 de agosto, la Jefatura de Policía realizó 591.
Según los datos presentados, esos procedimientos permitieron incautar 1.326 armas de fuego y 88.342,52 gramos de sustancias estupefacientes, además de más de 968 unidades de otras sustancias.
También fueron incautados 71.020 cigarrillos, equivalentes a 3.561 cajillas, con un valor comercial de $1.153.890.
Como resultado de las investigaciones, 200 personas fueron condenadas o formalizadas y se afectaron estructuras vinculadas a operaciones como Babel, Canarias, Ibiza, Kafka, Natan, Trinidad, Sicilia y Maidan.
En el conjunto de las intervenciones realizadas en el interior se contabilizaron 440 allanamientos, 418 armas incautadas, 66.195 cartuchos y 240.251 gramos de estupefacientes.
Intervenir antes de que la violencia escale
Otro componente de la estrategia informada por el ministerio del Interior consiste en intervenir sobre los conflictos antes de que deriven en nuevos episodios violentos.
A través del programa Barrios sin Violencia, el Ministerio procura identificar situaciones con riesgo de escalamiento, evaluar los niveles de riesgo y establecer medidas de desescalamiento y protección.
La política incorpora además una herramienta vinculada con el sistema de salud.
Mediante un dispositivo de respuesta hospitalaria acordado con ASSE, se busca aprovechar el momento en que una persona ingresa a un centro asistencial como consecuencia de una herida de arma de fuego para coordinar medidas de protección y preparar, cuando sea necesario, un retorno seguro a su entorno.
El planteo parte de que una persona herida puede convertirse en un nuevo objetivo de represalias o quedar nuevamente expuesta a un territorio donde persiste el conflicto.
Por eso, la intervención no termina en el hospital. La intención es utilizar esa instancia para identificar riesgos y coordinar respuestas con otros organismos.
Más investigación e inteligencia
El tercer gran componente de la estrategia está vinculado con la investigación criminal. Negro informó ante los legisladores que
la Escuela Nacional de Policía está reformulando sus planes de estudio para incorporar un tratamiento específico de la investigación de homicidios, con énfasis en la formación especializada, las primeras actuaciones y la preservación de la escena del crimen.
El objetivo es que la investigación pueda comenzar con mejores condiciones desde los primeros minutos posteriores a un hecho.
El ministro cerró su comparecencia reivindicando la rendición de cuentas como parte de la política de seguridad.
“El Gobierno no viene a negar la realidad ni a ofrecer una solución instantánea. Viene a asumir su responsabilidad, explicar qué sabe, informar qué está haciendo y someter sus resultados al control de esta Comisión”, afirmó.
Uruguay propone unidades binacionales de seguridad para las fronteras del Mercosur
El Gobierno uruguayo propuso en el ámbito del Mercosur la creación de unidades binacionales de coordinación policial y migratoria en las zonas de frontera, con el objetivo de mejorar el intercambio de información y coordinar respuestas frente a hechos vinculados con el crimen organizado transnacional.
La iniciativa fue planteada por el ministro del Interior, Carlos Negro, durante el encuentro regional “El Intercambio de la Información para la Creación de la Inteligencia Fronteriza”, realizado en Montevideo el 28 y 29 de setiembre en el marco de la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur. La propuesta apunta a generar espacios operativos compartidos donde los organismos de los países puedan intercambiar información, tomar decisiones y coordinar respuestas en tiempo real ante hechos que puedan tener consecuencias en más de un territorio.
Negro aclaró que estas unidades no implicarían la creación de una fuerza supranacional ni la transferencia de jurisdicción.
“Cada Estado mantiene sus competencias, su cadena de mando y su actuación dentro de su propio territorio”, afirmó.
La propuesta procura complementar los mecanismos existentes de intercambio de información del Mercosur con una mayor coordinación operativa en las fronteras.
El Gobierno considera especialmente relevante fortalecer el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (Sisme), plataforma que permite compartir información policial y judicial entre los países miembros y asociados.
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, destacó al cierre del encuentro la actualización del Sisme y el trabajo realizado para mejorar la interoperabilidad segura entre organismos, así como la ampliación de las temáticas y países participantes.
Durante el encuentro, Negro también informó sobre resultados recientes de la lucha contra el crimen organizado. Señaló que en los 15 días anteriores se habían incautado cerca de 700 kilos de cocaína y pasta base y se habían concretado más de 30 detenciones en Salto, Artigas, Soriano y Montevideo.
El encuentro contó con la participación de autoridades del Mercosur, Estados asociados, representantes de la Unión Europea y del programa Eurofront, que trabaja en el fortalecimiento de la gestión integrada de fronteras y la cooperación contra el crimen transnacional.
Faltaría un decreto por el que quien sea sorprendido circulando con armas y municiones sin autorización pase algunos días encerrado.
Se precisa ayuda internacional como con Sebastián Marset Solos no podemos