El proyecto elevado por la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) se encuentra en estudio en la órbita del Poder Ejecutivo, el que deberá elaborar un proyecto de ley para remitirlo al Parlamento. En la actualidad se estudian las recomendaciones y como llevar a la práctica lo que son más de cien recomendaciones, un trabajo que se considera por demás arduo. La meta es elevar el proyecto a consideración legislativa en los próximos meses, para de que de manera inmediata se comience a tratar el mismo, con el objetivo de que sea aprobado este año. Uno de las principales preocupaciones es la sostenibilidad del sistema, lo cual se destaca en el informe de la CESS.
En la última década, cambió la trayectoria relativamente estable o a la baja del gasto público previsional y se produjo un aumento equivalente a 2,5 puntos del PIB. El gasto público previsional alcanzó los 11 puntos del PIB en 2019, varias décadas antes de lo previsto, según dicho informe. El país tiene un importante nivel de gasto previsional, similar al de los países desarrollados, «lo que implica un desafío en términos de sostenibilidad, dado que aún no se registra un envejecimiento tan avanzado en términos comparados».
El aumento del gasto previsional está asociado a la evolución del índice medio de salarios, debido al mecanismo de indexación de estas prestaciones, lo que explica dos tercios del aumento del gasto. En el BPS también incide el aumento del número de jubilaciones derivado de la Ley de flexibilización (2008). En todos los escenarios de proyección financiera con los actuales parámetros será creciente la necesidad de transferencia de recursos fiscales para financiar el sistema previsional.
También se advierte que «el sector público podría tener que destinar recursos del resto de la sociedad» para sostener los ingresos de las cajas paraestatales, ya que representan pasivos potenciales relevantes y «los problemas de sostenibilidad del sistema de seguridad social generan dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas fiscales».
