La demanda incluye a los exministros Aníbal Torres, Betsy Chavez, Roberto Sanchez y Willy Huerta como responsables junto con Castillo de este pago en calidad de coautores de un presunto delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, según recoge la emisora peruana RPP.
En concreto, piden por los presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad una reparación de 17.711.000 de soles (4,4 millones de euros), mientras que por supuesta grave perturbación de la tranquilidad propone 50 millones de soles (12,5 millones de euros).
La Procuraduría ha subrayado que este monto inicial es provisional y que se reservan el derecho de variar o incrementar el dinero solicitado tanto por el daño patrimonial que se haya generado al Estado en función de mayores y nuevos elementos que surjan de las investigaciones.
Castillo, en cambio, ha solicitado a la Corte Suprema que ordene archivar la investigación preliminar del Ministerio Público porque la acción juzgada «no constituye delito o no tiene connotación penal».
El juez supremo Juan Carlos Checkley ha convocado para el próximo martes 23 de mayo la audiencia virtual en la que evaluará el requerimiento con la participación de las partes involucradas.
