El proyecto de ley impulsado por la bancada del Frente Amplio con el objetivo de regular y limitar la adquisición de inmuebles rurales por parte de inversores y firmas extranjeras desencadenó una diversidad de opiniones dentro del sector productivo nacional. Mientras las principales gremiales agropecuarias del país rechazaron el formato legal propuesto al considerarlo inadecuado para fomentar el desarrollo productivo, diversos referentes del sector advirtieron sobre el avance sostenido en los procesos de concentración y extranjerización de los suelos en el interior del país.
Desde la Federación Rural, su presidente Rafael Normey argumentó que, si bien la concentración de la tierra representa una preocupación central para la institución, el mecanismo legislativo planteado no constituye la herramienta idónea para solucionar la problemática. El dirigente gremial remarcó que cerca del treinta por ciento de las superficies productivas se encuentran en manos de tenedores extranjeros y cuestionó la distorsión generada por el régimen de excepciones, el cual ha permitido la adjudicación de millones de hectáreas a sociedades anónimas con acciones al portador, reclamando la eliminación de dicho esquema para garantizar condiciones de competencia leal.
En una línea de análisis complementaria, el expresidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro, manifestó la conveniencia de establecer marcos regulatorios sobre la venta de inmuebles rurales a capitales del exterior. El especialista advirtió que la paulatina pérdida de soberanía territorial sobre los medios de producción acelera el despoblamiento y vaciamiento de las comunidades del interior, señalando que el incremento excesivo de propietarios extranjeros en la estructura agropecuaria compromete la identidad socio-cultural y la sustentabilidad del modelo agrario nacional.
