Sector productivo y tenencia de tierras

Proyecto para limitar la compra de campos por extranjeros genera debate en el sector rural

Las gremiales agropecuarias y referentes productivos manifestaron posiciones encontradas ante la iniciativa legislativa

El nuevo geoparque abarca una superficie de más de 2.000 kilómetros cuadrados en el departamento de Lavalleja.

El proyecto de ley impulsado por la bancada del Frente Amplio con el objetivo de regular y limitar la adquisición de inmuebles rurales por parte de inversores y firmas extranjeras desencadenó una diversidad de opiniones dentro del sector productivo nacional. Mientras las principales gremiales agropecuarias del país rechazaron el formato legal propuesto al considerarlo inadecuado para fomentar el desarrollo productivo, diversos referentes del sector advirtieron sobre el avance sostenido en los procesos de concentración y extranjerización de los suelos en el interior del país.

Desde la Federación Rural, su presidente Rafael Normey argumentó que, si bien la concentración de la tierra representa una preocupación central para la institución, el mecanismo legislativo planteado no constituye la herramienta idónea para solucionar la problemática. El dirigente gremial remarcó que cerca del treinta por ciento de las superficies productivas se encuentran en manos de tenedores extranjeros y cuestionó la distorsión generada por el régimen de excepciones, el cual ha permitido la adjudicación de millones de hectáreas a sociedades anónimas con acciones al portador, reclamando la eliminación de dicho esquema para garantizar condiciones de competencia leal.

En una línea de análisis complementaria, el expresidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro, manifestó la conveniencia de establecer marcos regulatorios sobre la venta de inmuebles rurales a capitales del exterior. El especialista advirtió que la paulatina pérdida de soberanía territorial sobre los medios de producción acelera el despoblamiento y vaciamiento de las comunidades del interior, señalando que el incremento excesivo de propietarios extranjeros en la estructura agropecuaria compromete la identidad socio-cultural y la sustentabilidad del modelo agrario nacional.

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2 Comentarios

  1. En la realidad la propiedad de la tierra productiva puede y tiene (o tendría) que estar sujeta precisamente a normas de regulación y control productivo.

    Si la viabilidad agropecuaria establece cuál es el nivel que debe producir determinada superficie, sin importar quién es el propietario, entonces ese pedazo de tierra debe aportar lo correspondiente al índice de producción fijado, sea en lo que sea, litros de leche, kilos de carne faenada, toneladas de cereales, verduras, frutas, lo que sea aplicable a la naturaleza viable, hasta llegar a los niveles mínimos fijados… o pagar en dinero lo equivalente al nivel de producción que la ley fije y determine.

    O sea que, por ejemplo si alguien posee un pedazo de tierra cuyo nivel agrícola establece que debe rendir 100 toneladas de papas por año y esas papas tienen un valor de 50.000 pesos en el mercado, y luego de todos los gastos el productor queda con 35.000 pesos en el bolsillo, pues se aplicarán los impuestos correspondientes a esos 35mil pesos, digamos 5.000 pesos.

    Si el productor saca la lotería y decide no plantar más papas y convertir su campo en una residencia con piscina, cancha de tenis y criar caballos de carrera, pues puede hacerlo y dejar crecer el pasto alrededor, pero infaltablemente deberá seguir pagando los 5.000 pesos de «tasa de producción» por tener su circo particular en una tierra clasificada como productiva. Y la tierra productiva debe producir, no es para circos, y si se hace un circo pues debe pagar por lo que debería producir.

    En una palabra, la tierra productiva puede pagar pues el pago sake de su producción, no es un peso al bolsillo del productor. Si esa tierra no produce, entonces su dueño debe pagar, y si no puede o no quiere, pues entonces no debe tener esa tierra pues su no pago o su no producción serán una carga para el país y sus habitantes.

    Ahí se terminan todos los problemas de campos improductivos vacíos, sean de algún patriarca criollo o sus descendientes, de un japonés que vive en Australia, de una «sociedad» de cualquier tipo o compañía multinacional –la libre propiedad está garantizada por la ley, y esa misma ley debe ser madre de otra que establezca cuánto debe rendir y producir esa propiedad y luego, como es normal, de esa producción cuánto debe ir al erario en forma de impuestos.

    Nada de multas por ésto o aquéllo, simplemente un campo de tal índice productivo debe aportar tal cantidad en producción, si no llega por negligencia o no explotación, pues pague, no peros, no excusas, y si no llega o no quiere pagar, pues su dueño se queda sin campo.

    Drástico? Sí. Totalitario? Tal vez, es discutible. Pero un país es una maquinaria compleja que debe producir a la máxima capacidad que sus recursos permitan, de lo contrario da pérdidas, y si da pérdidas se funde, dando lugar al agio y la especulación, crea un Estado pobre que en vez de darle vida a sus ciudadanos pues los exprime para sostener su propio funcionamiento.

    Y eso ningún gobierno HONESTO debe dejar que suceda.

    Si no produce debe pagar como si produjese, y si no hay pago, pues no hay campo. Simiple.

  2. Todo lo anterior no incluye ni significa que el Estado deba establecer por ley el porcentaje de territorio que puede estar en manos de no nacionales, estableciendo una cuota que luego de ser cubierta, pues prohíba la venta «por estar lleno el cupo disponible de acuerdo a la ley» que lo determine.
    Y todos contentos, ya que si no hay campo para el foráneo que quiera comprar, pues siempre hay alguno que se pueda arrendar para la actividad ya predeterminada.

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