Un grupo de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos ha reclamado al Gobierno de Colombia una reforma «integral» de la Policía Nacional, entre otras razones para contrarrestar el uso excesivo de la fuerza con el que quiere «infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen cambios en el país».
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha defendido que los abusos en las movilizaciones de los últimos años «no deberían repetirse jamás», lo que pasa por «dar pasos decididos hacia la construcción de una Policía Nacional garante de los derechos de todas las personas».
La propuesta remitida al Gobierno de Gustavo Petro plantea la desmilitarización de la Policía, la modificación de los protocolos de ingreso y de la estructura general, la puesta en marcha de mecanismos de control y garantías en materia de «verdad, justicia y reparación».
Amnistía también ha presentado las «25 reglas para el uso de proyectiles de impacto cinético», con las que resume cuáles deberían ser los protocolos en el caso de la utilización de estos equipos, que pueden causar daños graves y no deberían ser usados «nunca» como medio para dispersar a una protesta. Además, «el uso de proyectiles múltiples debería ser prohibido», ha apuntado la ONG.
Amnistía Internacional ya denunció los casos de traumas oculares registrados derivados de este tipo de equipos durante las protestas de 2021, donde también constató otras violaciones de Derechos Humanos, incluidos actos de tortura.
