El proyecto de ley de Rendición de Cuentas introdujo una reforma estructural en las políticas de protección social mediante la propuesta de creación de la Asignación Única para la Infancia y Adolescencia. Esta nueva prestación económica, regulada a partir del artículo 260 del documento presupuestal, sustituirá de forma progresiva a las asignaciones familiares contributivas, los subsidios del Plan de Equidad y los fondos de la Tarjeta Uruguay Social (TUS). El Poder Ejecutivo fundamentó la iniciativa en la necesidad de centralizar los recursos públicos destinados a niños, adolescentes y personas gestantes, reemplazando la multiplicidad de ventanillas estatales por un único sistema de gestión unificada.
La administración compartida del beneficio estará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Banco de Previsión Social (BPS). Las autoridades argumentaron que la coexistencia de diversos planes de asistencia genera inequidades operativas, superposiciones de partidas y vacíos de cobertura. La nueva asignación simplificará los procesos de liquidación, actualizará mensualmente sus montos en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y adoptará un marco de implementación gradual para asegurar que ninguna familia pierda poder adquisitivo durante el proceso de transición institucional.
La normativa declara a esta prestación económica como un derecho inalienable e inembargable. La Dirección de Transferencias y Análisis de Datos del Mides aplicará un sistema de acreditación y control periódico sobre los niveles de ingresos y las condiciones socioeconómicas de los núcleos familiares para verificar la persistencia de la vulnerabilidad material, aclarando que no se añadirán nuevas exigencias de contraprestación en las áreas de salud o educación formal más allá de los requisitos legales vigentes.
