El movimiento por la liberación animal Voicot denunció públicamente la operación y la calificó como un acto más de explotación encubierta bajo la estética del cuidado, una maniobra que “sólo cambia la dirección del encierro, pero jamás su esencia”.
Según indicaron a Diario La R Argentina , la organización manifestó su rechazo a través de sus redes, apuntando directamente contra el Aquarium y su responsable, Eduardo Albor Villanueva, CEO de The Dolphin Company, conglomerado que administra parques acuáticos en distintos países. Para Voicot, la narrativa de “protección” que suelen utilizar estos centros cae por su propio peso con el simple hecho de analizar el destino de los animales: de un tanque a otro, de un negocio a otro.
La denuncia del colectivo no es menor. Voicot sostiene que la empresa detrás de la operación no es un centro de conservación sino una megaestructura empresarial dedicada al entretenimiento que opera 33 delfinarios, oceanarios y parques acuáticos alrededor del mundo. La lógica es evidente: mantener un flujo constante de animales para sostener un modelo comercial que, en pleno siglo XXI, está cada vez más cuestionado.
Desde la organización recuerdan que estos establecimientos se presentan como espacios educativos o científicos, pero su función central sigue siendo el espectáculo y la exhibición, prácticas que ya han demostrado causar estrés, deterioro físico y trastornos de comportamiento en cetáceos, animales diseñados para recorrer decenas de kilómetros por día y vivir en grupos complejos.
Voicot también apuntó contra la doble vara institucional. Cada vez que activistas o especialistas solicitan el traslado de estos animales a santuarios marinos, los trámites se vuelven un laberinto burocrático interminable. Pero cuando se trata de un traslado con fines comerciales, las instituciones —según denunciaron— aceitan los engranajes con notable velocidad.
“Para rescatar, hay impedimentos; para negociar, todo fluye”, cuestionaron desde el movimiento. Un contraste que refuerza la sospecha de que la prioridad no es el bienestar animal, sino la rentabilidad.
El traslado a Egipto no sólo reabre una discusión sobre políticas de bienestar animal, sino también sobre la responsabilidad del Estado en la supervisión de estas actividades. ¿Quién controla? ¿Quién decide el destino de seres vivos que, según la evidencia científica, poseen conciencia, vínculos sociales complejos y sufrimiento demostrable ante el confinamiento?
Mientras el debate internacional avanza hacia el fin del cautiverio de cetáceos —con países que prohíben su exhibición y fomentan santuarios—, Argentina parece aferrada a un modelo viejo y éticamente insostenible.
El caso expuesto por Voicot es un recordatorio incómodo: mientras exista un negocio detrás del cautiverio, los animales seguirán siendo mercancía, no individuos con derechos básicos de bienestar. Y hasta que no exista una política pública clara que priorice el fin de esta explotación, episodios como éste continuarán repitiéndose, con la misma discreción administrativa y el mismo daño silencioso para los animales.
La crítica de Voicot incomoda porque revela algo elemental: no se trata de trasladarlos a un lugar mejor, sino de preguntarnos por qué seguimos permitiendo que vivan encerrados. Y esa es una pregunta que la sociedad y el Estado ya no pueden seguir esquivando.
Impresionante como se manipula a los animales con permiso del gobierno