El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) y a la renuncia de Cecilia Cairo, quien ocupaba un cargo en el gobierno.
Sánchez informó que la Caja de Profesionales enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones. “Nosotros enviamos un proyecto de ley al Parlamento porque la situación es que si no se aprueba, a partir de julio la Caja de Profesionales no puede pagar las jubilaciones, esa es la realidad evidente”, afirmó. Según el secretario, la institución se encuentra en una situación financiera crítica y “necesita discutir cómo se reequilibran los aportes”.
El proyecto de ley presentado por el gobierno propone medidas para abordar el déficit. Sánchez explicó que incluye recursos de Rentas Generales, y contribuciones de los afiliados activos y pasivos y una modificación en el costo de los tickets profesionales. “Es la forma de sanear una caja que está a dos meses de no poder hacer frente a las obligaciones”, indicó. La iniciativa busca garantizar la sostenibilidad de la Caja, que enfrenta desafíos debido a una menor cantidad de aportantes activos y un aumento en el número de jubilados.
La CJPPU agrupa a profesionales universitarios de diversas áreas y ha sido objeto de análisis por su modelo de financiación. El proyecto de ley requiere aprobación en el Parlamento, lo que implicará negociaciones con sectores políticos y diálogo con los afiliados.
La renuncia de Cecilia Cairo
Sánchez también se refirió a la renuncia de Cecilia Cairo, quien dejó su cargo en el gobierno. “»Aquí se cometió un error y se resolvió. Hay que aprender de estas situaciones, pero frente al escenario se tomó la decisión correcta y para nosotros es tema cerrado”, señaló. Según el secretario, Cairo presentó su renuncia tras el error, y el presidente Yamandú Orsi la aceptó.
El gobierno designó a Tamara Paseyro como nueva ministra. Sánchez indicó que Paseyro “era parte del equipo” y está preparada para asumir las responsabilidades, incluyendo el plan de viviendas. “Para nosotros es tema cerrado”, afirmó, y añadió que “el gobierno de Yamandú Orsi se basa en equipos, no en personas. Por tanto, el equipo sigue al frente”.
El secretario comentó sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos: «Yo creo que hay que estar al día con las obligaciones y uno tiene que cumplir. Esa idea de que los políticos y las políticas son superiores al resto de la sociedad, yo no la comparto. Somos parte de esta sociedad y también cometemos errores, tenemos problemas, nos podemos atrasar en una cuota, podemos tener dificultades. Lo importante es tratar de reconocer estos errores y subsanarlos rápidamente» sostuvo.
“Esa idea de que los políticos son superiores al resto de la sociedad yo no la comparto: somos parte de esta sociedad y también cometemos errores, tenemos problemas, nos podemos atrasar en una cuota, podemos tener dificultades”, expresó. Sánchez subrayó que es importante “reconocer estos errores, subsanarlos rápidamente” y cumplir con las normas para estar al frente de la gestión pública.
El Ferrocarril Central
Las negociaciones entre el gobierno uruguayo y el consorcio Grupo Vía Central para destrabar la situación del proyecto Ferrocarril Central están «a punto de concretarse», según afirmó Alejandro Sánchez. El jerarca indicó que ambas partes se encuentran actualmente intercambiando «borradores del acuerdo» en busca de un entendimiento definitivo.
Sánchez detalló que, si bien se ha alcanzado un consenso en los «aspectos generales» del convenio, aún persisten «algunas diferencias» en lo que respecta a los componentes y montos económicos involucrados en el acuerdo final.
Un punto crucial en la negociación, según Sánchez, es la construcción de un documento legalmente sólido que brinde protección a todas las partes involucradas. La administración ha puesto como condición indispensable para sellar el acuerdo que, en función de este, el consorcio desista del arbitraje internacional iniciado contra el Estado uruguayo.
El Grupo Vía Central reclama al Estado un monto de 160 millones de dólares, aduciendo supuestos incumplimientos contractuales durante la administración anterior, encabezada por Luis Lacalle Pou. Sánchez fue enfático al señalar que la solución que se busca alcanzar en las negociaciones actuales «es muy inferior a ese monto que está siendo reclamado».
Y todavia los corruptos sigen y sigen defendiendo lo INDEFENDIBLE…dejaron todk pal carajo ..yo admiro a esta administracion no hsy nada q toquen y no salga deudas pero no d 2pésos millones y millones q dejaron los bandiditoa en todas las aministraciones todo fundido ….l c profecional …..50 mil niños x debajo d plbreza …la salud rota y asse fundido ….el ferrocaril y sus malos convenios lo q firmi el corrupto mas grande para dejar mas clavos…las compras de Garcia malandra …etc y mucho massss que verguenza ajena xfa no se aviva masvla jente xDios y todavia qierian segir en el Paiz no mo es para mandar preso a todo el mundo manga de copetudos xq salen todavia con soverbia c silva ..Bianchi otra malandra y vivora x algo se fue c ellos xq en el frente no iva a consegir nada