Sancionan a Juez que impidió la vacunación de niños durante la pandemia

El juez Alejandro Recarey, quién había suspendido la vacunación contra el Covid-19 a los niños menores de 13 años durante la pandemia, fue suspendido por 90 días por parte de la Suprema Corte de Justicia. ya el año pasado se había dispuesto un sumario por la medida tomada. Además de suspender la vacunación a niños, también había amparado a dos mujeres que sin estar vacunadas se negaban a presentar un certificado de PCR para salir del país. 

Recary había aceptado un solicitud de amparo presentada por un abogado (Maximiliano Dentone) el cual manifestaba «el proceso vacunacional que lleva adelante el Poder Ejecutivo es manifiestamente ilegal y peligroso». Posteriormente su resolución fue revocada ya que Dentonce no tenía potestades para presentar una solicitu de ese tipo y emnos que le fuera aceptada.

La falta administrativa dictaminada por la SCJ es por «verificarse la existencia de irregularidades y apartamientos al modelo legal de Juez, lo que pudo implicar la comisión de falta administrativa con virtualidad suficiente para afectar el interés público de la Administración de Justicia». Se señala que «el accionante (Dentone) no posee legitimación para promover el amparo, no alcanzando su fundamentación ‘Como habitante de este país, con familiares menores de edad, por estricta responsabilidad ciudadana'». 

Para la Suprema Corte, a Recarey «no le tembló la mano para dictarla (la determinación de suspender la vacunación), aun frente a una demanda que asombra por su inconsistencia. Desconoció así no sólo la voluntad de los padres, representantes o encargados de la persona de los menores, en un marco de vacunación voluntaria, sino que puso en tela de juicio la autoridad de prestigiosas autoridades científicas internacionales y, en especial, a las de este país, ya que las vacunas cuentan con la aprobación registro del MSP, de acuerdo con lo que dispone el Decreto-ley 15.443 y concordantes». 

Se agrega que «todo ello con la única base de una demanda apoyada en un informe técnico de detección de grafeno en vacunas de Covid-19 que, obviamente, no tiene valor de prueba pericial y que en manera alguna logra acreditar el actuar ilegítimo de la Administración. Tampoco lo logran las pruebas diligenciadas con posterioridad, en demostración clara de que la ilegitimidad estaba lejos de poder ser considerada manifiesta en el momento de la demanda».