A mediados de 2021 empezó la investigación asociada a Gas Sayago tras la denuncia de Silvia Emaldi, presidenta de UTE. Junto al abogado privado Jorge Barrera, y de Ancap, por presuntas irregularidades en la gestión de inversiones asociadas a la empresa que pertenecía a estos entes.
La investigación fue archivada por el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, según confirmó la Fiscalía. El fiscal consideró que, habiendo recabado la información suficiente, incluso con consultas realizadas a Brasil, no pudo obtener elementos que impliquen un reproche penal.
