El Parlamento atraviesa un proceso de definición clave para el futuro del sistema penitenciario: la designación del nuevo Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. Tras la salida del anterior titular, Juan Miguel Petit, el cargo permanece vacante y su cobertura depende de un acuerdo político amplio que, por el momento, no se ha logrado. Así lo explicó el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, integrante de la Comisión Permanente del Parlamento, en diálogo con el Diario La R.
Abdala detalló que, luego de producida la acefalía del cargo, se activaron los mecanismos previstos por la ley para la designación de un nuevo comisionado. En una primera etapa, los legisladores tuvieron la posibilidad de presentar candidaturas. Posteriormente, se abrió un plazo de 30 días para que organizaciones sociales y la ciudadanía en general postularan aspirantes. Como resultado de ese proceso, se recibieron 16 postulaciones, lo que representa uno de los números más altos desde la creación de la figura.
“Recibimos candidaturas con perfiles muy variados, pero en general con muy buenos antecedentes y una sólida formación. Eso, que es una fortaleza del proceso, también vuelve más compleja la selección”, señaló Abdala. Según explicó, la comisión parlamentaria culminó su trabajo a mediados de diciembre, una vez cumplidos todos los plazos formales, pero no logró consensuar una recomendación única para elevar a la Asamblea General.
El escollo central es político e institucional: la designación del Comisionado Parlamentario requiere una mayoría especial de dos tercios de votos de la Asamblea General. “Eso hace imprescindible un entendimiento entre los partidos políticos. Hasta ahora, ese acuerdo no se ha producido”, reconoció el legislador nacionalista. Ante esa situación, la comisión resolvió elevar todos los antecedentes sin una recomendación específica, dejando la definición final en manos del plenario.
Desde entonces, las conversaciones continúan de manera informal entre los distintos partidos, aunque, según Abdala, todavía no existe “ni una fórmula ni un nombre” que concite los apoyos necesarios. “No hay nadie descartado. Todas las posibilidades están abiertas”, afirmó, y agregó que el sistema político enfrenta un desafío ineludible: “No podemos fracasar en alcanzar un entendimiento. Aquí no hay mecanismos supletorios; si no hay acuerdo, el cargo sigue vacante”.
Actualmente, la oficina del Comisionado Parlamentario continúa funcionando, pero bajo una conducción administrativa. La persona a cargo del despacho —una de las asistentes técnicas del equipo anterior— no cuenta con las potestades plenas del cargo, como la posibilidad de presentarse ante la Justicia o actuar formalmente como comisionado. “Eso limita seriamente el rol de la institución y refuerza la urgencia de resolver esta designación”, subrayó Abdala.
Los 16 candidatos propuestos
En cuanto a las candidaturas, la nómina incluye postulaciones presentadas por los propios interesados, por organizaciones sociales y por legisladores de distintos partidos. Según explicó Abdala, la enorme mayoría de estas postulaciones surgieron en la etapa de llamado público, más que por iniciativa directa de los partidos. Los 16 postulantes (y quienes los proponen) son: Patricia Banchero (se presentó ella misma), Julio César Boffano (su nombre fue postulado por varios ciudadanos y ciudadanas), Hugo de León (se presentó él mismo), Pablo Galain (fue postulado por legisladores del Frente Amplio –Graciela Barrera- y del Partido Colorado-Robert Silva y Felipe Schipani-), Elio Gini (se presentó él mismo), Eduardo Katz (él mismo), Alba Martínez (ella misma), Gabriela Mendigüibel (ella misma) Alicia Pompilio (ella misma), María Virginia Rivero (ella misma), Antonio Rodríguez (él mismo), José Pedro Rossi (él mismo), Ariel Sánchez (él mismo), Omar Sellanes (postulado por el Grupo Prospectiva), Isaura Tórtora (ella misma) y Martha Valfré (ella misma). Respecto al perfil buscado, el diputado indicó que la ley exige idoneidad y vinculación con la materia penitenciaria, condiciones que, a su juicio, se cumplen en términos generales. “Algunos tienen formación en derecho penal, otros vienen del trabajo social o de experiencias directas en el sistema penitenciario. La calidad de los perfiles es alta y eso también explica la dificultad de llegar a una definición”, sostuvo.
El contexto en el que se da esta designación no es menor. Abdala describió al sistema penitenciario uruguayo como un ámbito atravesado por profundas desigualdades y desafíos estructurales. Si bien reconoció avances en materia de educación, trabajo y programas de rehabilitación —con miles de personas privadas de libertad estudiando o trabajando—, advirtió que persisten situaciones “inhumanas y degradantes” en algunos establecimientos, además de una superpoblación carcelaria que ronda las 16.500 personas.
En ese escenario, el rol del Comisionado Parlamentario resulta, a juicio del legislador, plenamente justificado. “Ha habido resultados muy positivos, tanto en la defensa de los derechos humanos como en la toma de conciencia social sobre la realidad carcelaria”, afirmó. Abdala descartó que la función deba ser absorbida por otros organismos y consideró que, si bien siempre es posible introducir mejoras o fortalecer la oficina, la figura del comisionado sigue siendo necesaria.
Finalmente, el diputado expresó su expectativa de que el acuerdo político se alcance a más tardar durante el mes de febrero, una vez finalizado el receso parlamentario. “Tenemos una responsabilidad institucional y también una oportunidad. Hay un menú amplio de candidaturas valiosas. Ahora necesitamos generosidad y apertura para llegar a una solución”, concluyó.
En cuanta noticia que tenga que ver con seguridad aparece Abdala, robando cámara. Es su caballito de batalla con vista a l a próxima elección.
No hay dudas, los privados del 4, 10 y 12 viven arriba de él alimentando a este bobo.