La directora de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en representación del Frente Amplio (FA), Alejandra Koch, aseguró que la empresa belga Katoen Natie experimentó un crecimiento en sus «utilidades brutas» de «US$ 20 millones», luego de la firma del acuerdo que extendió la concesión de la terminal portuaria a esa compañía.
«Cuando uno analiza ese balance (de Katoen Natie) entiende: se habla de que el balance dio pérdida de $ 13 millones. Pero nadie habla que la empresa, el negocio en sus utilidades brutas, creció en US$ 20 millones», afirmó Koch en una entrevista con M24. Según dijo, en el balance de la empresa belga –que, agregó, contrario a lo establecido no estaba publicado y debió buscarse a través de la Auditoría Interna de la Nación– se «pusieron costos que significan el 60% del total, que corresponden a empresas que son propiedad de Katoen Natie».
«La propia empresa Katoen Natie suma costos al balance que da un resultado negativo, la ANP no tiene utilidades por ese motivo, pero la empresa ve crecer sus negocios y ganancias por ingresos de empresas de su propiedad», argumentó.
Por otra parte, la directora en representación de la oposición sostuvo que el Estado debió asumir costos «que andan en alrededor de US$ 5 millones por subsidios especiales». Dentro de esto último incluyó a los trabajadores que fueron despedidos y a aquellos que vieron reducidos sus jornales por la falta de actividad en la terminal.
«Aquí se ha instalado un monopolio de forma inconstitucional. En los balances de ANP ya se ven disminuidos los ingresos en el negocio de contenedores. Eso ya lo hemos visto. Perjudica a la ANP», agregó. El Frente Amplio denunció la firma del acuerdo ante la Justicia, pero el reclamo fue archivado dos veces –por distintos fiscales– que no encontraron elementos suficientes para entender que se habían cometido delitos. La oposición apuntaba en particular al entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber; el subsecretario de esa cartera, Juan José Olaizola; el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés; y el presidente de la ANP, Juan Curbelo.
La firma del acuerdo ahora sigue a estudio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien laudará si el contrato estuvo correctamente firmado o no. En ese último caso, podría ordenar anularlo. Sin embargo, esto no implicaría que haya habido delitos por parte de funcionarios.
Muy buena noticia, que nuestras empresas ganen dinero y recuperen inversiones. Es vital para un pais que ha perdido el 90% de sus industrias. Solo en zurdolandia es mala noticia que las empresas ganen plata, porque viven adentro de un frasco de pickles.