La justicia dispuso seis meses de medidas cautelares para los cuatro imputados por abuso de funciones en la URSEC. Nicolás Cendoya, su secretaria, el expresidente de la Unidad Reguladora, Gabriel Lombide, y el ex secretario general, Oscar Mecole, deberán fijar domicilio y no podrán salir del país por seis meses.
El fiscal Diego Pérez había pedido que los implicados debieran ir a comisaría una vez por semana y entregar pasaporte, pero la defensa demostró que no había riesgo y estás últimas dos no se impusieron.
Martín Fernández, abogado de la defensa, dijo que las medidas impuestas fueron las de «menor intensidad». «No había ninguna posibilidad de frustración de prueba ni de medios, siempre se ha colaborado con la investigación. Siempre ha estado presente todas las veces que la fiscalía lo cita a declarar», indicó en referencia a Cendoya.
Por su parte, Jorge Barrera, el abogado contratado por URSEC, se refirió a la formalización de las investigaciones. «Hay elemento objetivos que se analizaron en esta etapa procesal, entendieron que podían existir, para la comisión un delito en algún caso, de tres delitos en otro caso, y por lo tanto la conclusión, más allá de las opiniones, la resolución de la justicia ha sido una, que es formalizar las investigaciones y eso es lo objetivo», señaló.
Cendoya es investigado desde junio de 2020 por destrucción de documentación por parte de un exfuncionario allegado al ex jerarca del Frente Amplio, filtración de una denuncia e irregularidades en la habilitación de dos radios del interior del país.
La audiencia se iba a realizar en 2021, pero los abogados defensores entendieron que no correspondía actuar en esta instancia a un juzgado de crimen organizado, sino a una sede penal ordinaria. Así, presentaron un recurso en el Tribunal de Apelaciones, que le dio lugar al pedido.
