Con una casi unanimidad fue aprobado en el Senado el proyecto de ley para dotar de autonomía a la Defensoria Pública, más conocida como Defensoría de Oficio. Votaron 29 de los 30 senadores y quién no acompañó la iniciativa fue el senador nacionalista Carlos Camy.
La senadora Graciela Bianchi dijo que la discución llevó “mucho tiempo de discusión porque tiene aspectos técnicos complejos”. Pero acotó “logramos crear un servicio descentralizado con autonomía técnica, a los efectos de que los defensores públicos tengan de una buena vez el reconocimiento institucional que corresponde”. La legisladora dijo “necesitamos que la Defensoría sea de alta calidad y ha llegado la hora del reconocimiento de los defensores públicos”.
El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda dijo que con este proyecto se pretende que “cada parte del sistema de Justicia cumpla su rol con independencia y libre de condicionamientos jerárquicos”.
Por su parte el también senador colorado Pedro Bordaberry señaló que se trataba de un proyecto tipo «Frankestein» ya que a su criterio van a existir problemas, por ejemplo, en el presupuesto que deberá tener y en el nombramiento de los defensores. El artículo 239 de la Constitución establece en su artículo 6 que a la Suprema Corte le compete «nombrar a los Defensores de Oficio permanentes y a los Jueces de Paz por mayoría absoluta del total de componentes» de la misma.
Este proyecto, que ahora deberá se aprobada por Diputados, señala que seguirá siendo la Suprema Corte quien efectúe los nombramientos, pero a partir de un orden de prelación elaborado por la nueva institución Defensa Pública. Esto podrá ser declarado inconstitucional según admiten los legisladores.
Precisamente la Suprema Corte comunicó a los legisladores que no descarataba soilicitar la inconstitucionalidad si se terminaba afectando su presupuesto, ya que aún no se sabe de donde saldrá el dinero para que funcione este nuevo servicio. Los defensores de oficio dependen presupuestalmente de la Suprema Corte y los fondos para sus salarios se incluyen en el presupuesto de esta.
La senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, destacó la importancia de esta iniciativa para fortalecer el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables.
Moreira señaló que existen “recomendaciones internacionales desde hace muchísimo tiempo” para fortalecer el rol de la defensa en el marco de las modificaciones al proceso penal realizadas en 2014. “Hemos fortalecido la fiscalía, la separamos, le dimos otra institucionalidad y la defensa quedó como la parte más débil del proceso”, afirmó. En este sentido, subrayó que la Defensoría Pública atiende a “los más vulnerables, los que no tienen plata, las mujeres, los niños”, y que su rol es clave para garantizar el acceso a la justicia.
Actualmente, la Defensoría cuenta con “solo 317 defensores que atienden miles de casos”. Para revertir esta situación, la senadora enfatizó la necesidad de dotar a la institución de mayores recursos. “No solamente hay que darle esta autonomía técnica, hay que darle autonomía financiera” dijo. Además, destacó que el proyecto implica la transferencia de bienes y recursos que actualmente pertenecen a la SCJ, lo que genera discusiones sobre cómo llevar a cabo esta separación. “La parte material importa, porque en esa separación hay bienes, hay recursos que se trasladan desde el Poder Judicial hacia la Defensoría”, explicó.
Consultada sobre el presupuesto, Moreira afirmó “vamos a pelear presupuesto para eso”, y señaló que este es un momento clave para trabajar en el fortalecimiento de la institución. En cuanto a las necesidades prioritarias, indicó que los defensores reclaman “más defensores, recursos, recursos de gastos e inversiones y ser equiparados con el Poder Judicial”.
Sobre la estructura de la nueva Defensoría, Moreira explicó que contará con una dirección nacional vinculada al Poder Ejecutivo. Sin embargo, la designación de los defensores públicos generó debate, particularmente en torno a la constitucionalidad del proceso. “La idea es que sea la Defensoría la que haga el concurso, y lo tiene que homologar de cualquier manera la Suprema Corte de Justicia porque por Constitución esa es su función”, precisó. Aunque el proyecto ya fue aprobado en el Senado, la senadora reconoció que aún debe pasar por la Cámara de Diputados, donde podrían realizarse ajustes.
