El Senado trató este martes el proyecto de ley que obliga a senadores, diputados, intendentes, ediles, concejales y cargos políticos de particular confianza a rendir cuentas de los viáticos que perciben por misiones oficiales. La iniciativa, presentada por la bancada del Frente Amplio a comienzos de esta legislatura y aprobada el 8 de octubre en la Comisión de Hacienda, fue informada en el plenario por el senador del MPP Daniel Caggiani.
“Nosotros queremos que la ley sea pareja para todos”, subrayó Caggiani en rueda de prensa. El objetivo central es armonizar la normativa vigente para el Poder Ejecutivo, establecida en el período de gobierno de Luis Lacalle Pou, y extenderla al Parlamento, a los gobiernos departamentales y a los municipios. De esta forma se aplica el mismo criterio de control a más de 1.500 personas con responsabilidades públicas en todo el país.
El proyecto establece que, cada vez que un legislador o jerarca departamental o municipal perciba viáticos por un viaje al interior o al exterior, deberá presentar una declaración jurada de gastos dentro de los diez días hábiles posteriores a su regreso. En esa rendición debe fundamentar los gastos realizados y el cumplimiento de las tareas. Si no justifica el dinero o sobra parte del viático, debe devolverlo. En caso de incumplimiento, se descuenta del salario o se inhabilita para futuras misiones con viáticos.
Un segundo artículo, que Caggiani calificó como “el más interesante”, apunta a los viajes financiados por terceros. Muchas veces legisladores, intendentes o ediles son invitados por Estados, organismos internacionales u organizaciones a participar de actividades. Esos invitantes suelen costear pasajes y estadía, pero hasta ahora no existe obligación de declararlo. El proyecto exige que, dentro de los mismos diez días, se presente un informe ante la Presidencia de la cámara correspondiente con la invitación, la identificación de quien invita y el detalle de todos los beneficios recibidos como pasajes, alojamiento, alimentación u otros.
“Participamos por nuestra investidura. Nos parece importante transparentar no solo lo que hacemos en la Cámara, sino también con quién nos vinculamos y de quién recibimos invitaciones”, explicó el senador.
Consultado sobre si aceptaría una exhortación no obligatoria a los intendentes, Caggiani dijo “queremos que la ley sea pareja para todos. Acá no hay un país del interior y otro de Montevideo. No hay clase A y clase B”. Recordó que la regulación se basa en una propuesta del período anterior y que, si alguna institución considera que no le corresponde, puede presentar un recurso de inconstitucionalidad. “No creo que haya ninguna argumentación convincente para que esto no sea obligatorio”, afirmó. El senador insistió en que la gran mayoría de los legisladores ya actúa con responsabilidad y que la norma viene a convertir en obligación legal lo que hasta ahora era una práctica ética. “Aumenta la transparencia y permite un buen uso de los recursos públicos”, concluyó. El proyecto continúa su trámite parlamentario hacia la Cámara de Diputados.
