Señor Presidente es la hora de cumplir y salir de la solo pose solidaria y actuar.

La sociedad uruguaya vuelve a expresar una demanda que no pierde vigencia con el paso del tiempo: verdad, memoria y justicia para los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. A más de cuatro décadas del retorno a la democracia, el reclamo persiste porque las respuestas han sido parciales, incompletas y, en muchos casos, dolorosamente tardías. No se trata de reabrir heridas, sino de cerrarlas con la verdad que aún falta.

En este marco, amplios sectores del pueblo uruguayo solicitan al presidente Yamandú Orsi que profundice, con decisión política y respaldo institucional, las acciones desde la cartera de Defensa Nacional para avanzar de manera efectiva en la investigación del destino de los desaparecidos. El Ministerio de Defensa ocupa un lugar estratégico en este proceso, ya que en su órbita se encuentran archivos, documentación, información operativa y responsabilidades históricas que resultan claves para el esclarecimiento de los hechos.

Sabemos del peso de los viejos torturadores y violadores de derechos humanos,pero señor Presidente desde el fondo de la historia los compañeros hablan y piden junto a todos VERDAD Y JUSTICIA.

No pase señor Presidente a los libros de historia como un mero espectador de lo que le debería doler.

El acceso irrestricto a los archivos militares, la revisión exhaustiva de documentación clasificada, la colaboración activa de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de los equipos de búsqueda e investigación son pasos indispensables. La experiencia acumulada demuestra que, cuando existe voluntad política firme, se producen avances concretos. Cada hallazgo, cada identificación, cada dato confirmado representa no solo una respuesta para las familias, sino también un acto de reafirmación democrática.

El tema de los desaparecidos no pertenece exclusivamente al pasado. Es una cuestión profundamente actual, que interpela la calidad de la democracia y el compromiso real del Estado con los derechos humanos. Las madres, padres, hijos y nietos de las víctimas siguen esperando. Muchos de ellos han dedicado su vida entera a una búsqueda que no debería recaer únicamente en el esfuerzo individual, sino ser una prioridad permanente de las instituciones republicanas.

Profundizar la investigación desde Defensa no implica una lógica de confrontación ni de revancha. Por el contrario, significa asumir responsabilidades históricas con madurez institucional y respeto por el Estado de derecho. Las Fuerzas Armadas, como parte de una democracia consolidada, tienen la oportunidad de contribuir activamente a la verdad, fortaleciendo su vínculo con la sociedad y cerrando definitivamente un capítulo marcado por el silencio y la opacidad.

Uruguay ha construido un reconocimiento internacional sostenido en materia de derechos humanos. Ese prestigio exige coherencia interna y acciones concretas. No alcanza con discursos ni con gestos simbólicos: la ciudadanía espera decisiones claras, recursos asignados y resultados verificables. La verdad no puede depender del paso del tiempo ni de la buena voluntad individual de algunos actores; debe ser una política de Estado.

La petición al presidente Orsi no responde a intereses partidarios ni coyunturales. Es un reclamo transversal, profundamente humano y democrático. Investigar, esclarecer y reparar no debilita a las instituciones: las fortalece. La memoria colectiva no es un anclaje al pasado, sino una garantía de futuro.

Uruguay necesita cerrar esta etapa con verdad plena, no con resignación ni olvido. El silencio no puede seguir siendo una respuesta. Profundizar las investigaciones sobre los desaparecidos es una deuda ética que el país mantiene consigo mismo. Asumirla con decisión es honrar a las víctimas, acompañar a sus familias y reafirmar, sin ambigüedades, el compromiso irrenunciable con el “Nunca Más”.