Sin “gasto 0” ni artículo único, la Rendición de Cuentas ingresa al Parlamento

El proyecto prioriza infancia, seguridad y atención social sin modificar las metas fiscales.

El ministro Oddone encabezó la conferencia de prensa para presentar la Rendición de Cuentas.

El Poder Ejecutivo remite en estas horas al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025, una iniciativa que buscará consolidar las prioridades definidas por la administración del presidente Yamandú Orsi mediante una reasignación de recursos orientada principalmente a la infancia, la seguridad pública, la educación y la atención a personas en situación de calle. El proyecto, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), prevé un incremento presupuestal total de 81 millones de dólares, sin modificar las metas fiscales aprobadas en el Presupuesto Quinquenal 2025-2029. La propuesta fue presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el director de la OPP, Rodrigo Arim, durante el último Consejo de Ministros encabezado por el presidente Orsi, donde se definieron los lineamientos finales de una Rendición de Cuentas que el gobierno ha caracterizado como «temática», concentrada en áreas consideradas prioritarias desde el punto de vista social. «No se trata de una Rendición de Cuentas de artículo único ni de gasto cero», enfatizó días pasados Oddone al presentar el proyecto, en referencia a las especulaciones previas sobre el margen de maniobra presupuestal que tendría la nueva administración.

Una Rendición de Cuentas con foco social

El diseño presupuestal elaborado por el equipo económico busca compatibilizar dos objetivos que el gobierno considera centrales: atender demandas sociales urgentes y mantener la sostenibilidad fiscal comprometida en el programa económico. Para ello, la estrategia adoptada consistió en realizar reasignaciones internas de recursos entre organismos públicos, racionalizar gastos de funcionamiento y mejorar la eficiencia de la recaudación tributaria, evitando incrementar el déficit fiscal previsto para el período.

Los recursos adicionales estarán concentrados en cuatro grandes áreas: políticas de infancia, seguridad pública, educación y atención a personas en situación de calle. Según explicó el ministro Oddone, la infancia constituye el principal eje de la Rendición de Cuentas y recibirá la mayor parte de los incrementos presupuestales. «La infancia está en el corazón de esta Rendición de Cuentas», afirmó el titular de Economía, quien destacó que la propuesta recoge buena parte de las recomendaciones surgidas del proceso de diálogo social impulsado por el gobierno.

La principal innovación del proyecto será la creación de una Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, una reforma que unificará el actual sistema de transferencias monetarias destinado a hogares con niños y adolescentes. La iniciativa implicará sustituir los cuatro mecanismos actualmente existentes por un único régimen de prestaciones, con criterios homogéneos de acceso y una sola ventanilla administrativa. De acuerdo con las autoridades económicas, esta reforma constituye la transformación más importante del sistema de transferencias sociales en los últimos veinte años.

La propuesta contempla una inversión adicional estimada en 31 millones de dólares, que se suman a los 50 millones ya previstos en el Presupuesto Quinquenal para políticas dirigidas a la infancia. El nuevo esquema pondrá especial énfasis en los primeros tres años de vida y particularmente en los denominados primeros 1.000 días, considerados estratégicos para el desarrollo infantil. Las transferencias para los hogares de menores ingresos experimentarán incrementos sustanciales. En el primer decil de ingresos, por ejemplo, las prestaciones pasarán de los actuales 5.371 pesos mensuales a 10.000 pesos, mientras que en el segundo decil aumentarán desde 4.400 pesos hasta el mismo monto.

Las estimaciones oficiales prevén que, a partir de 2027, más de 50.000 niños y niñas quedarán incorporados al nuevo sistema, registrándose un incremento promedio de 82% en las transferencias destinadas a la población de entre cero y tres años. Según las proyecciones elaboradas por el gobierno, la implementación plena de la nueva asignación podría reducir en aproximadamente un 25% la pobreza infantil en esa franja etaria.

La Cámara de Diputados dispone de un plazo constitucional de 45 días para aprobar el proyecto.

Más recursos para seguridad pública

Otro de los capítulos relevantes de la Rendición de Cuentas corresponde al fortalecimiento de las políticas de seguridad pública. Los recursos adicionales permitirán financiar la creación de 300 nuevos cargos en la Policía Ejecutiva, reforzar el sistema penitenciario y desarrollar inversiones en infraestructura, equipamiento, movilidad y tecnología. La asignación de mayores recursos al Ministerio del Interior responde a una de las principales prioridades definidas por el gobierno desde el inicio de la actual administración. Las autoridades consideran que el fortalecimiento institucional de la Policía y del sistema carcelario constituye un componente indispensable para mejorar los niveles de seguridad ciudadana y combatir el crecimiento de la criminalidad organizada.

Educación y fortalecimiento de las becas

En materia educativa, la Rendición de Cuentas incorpora recursos adicionales destinados a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), así como a la ampliación de los programas de becas de la Universidad de la República y de la Universidad Tecnológica (UTEC). Estas partidas complementan las previsiones ya incorporadas en el Presupuesto Quinquenal para 2027, que incluyen la ampliación del bono escolar hasta alcanzar a unos 230.000 niños y el incremento de las becas destinadas a estudiantes de educación media, que llegarían a unos 30.000 beneficiarios. Desde el Poder Ejecutivo se considera que la inversión educativa constituye uno de los instrumentos más eficaces para reducir desigualdades estructurales y mejorar las oportunidades de movilidad social.

La cuarta gran prioridad presupuestal corresponde al fortalecimiento de las políticas dirigidas a personas en situación de calle. Los recursos adicionales estarán destinados a ampliar los dispositivos de atención y reforzar el Programa Calle, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. La problemática de las personas sin hogar ha ocupado un lugar central en la agenda pública durante los últimos años, particularmente tras el incremento de situaciones de vulnerabilidad social registrado luego de la pandemia.

El gobierno considera que el fortalecimiento de estos dispositivos constituye una obligación ética y una necesidad de política pública orientada a proteger a los sectores más vulnerables.

Reasignación y eficiencia para preservar las cuentas públicas

Uno de los principales mensajes políticos que busca transmitir el Poder Ejecutivo con esta Rendición de Cuentas es que las nuevas asignaciones presupuestales no implicarán un deterioro de las cuentas públicas.

El ministro Gabriel Oddone insistió en que los recursos surgirán de un proceso de revisión y reasignación del gasto existente, acompañado por mejoras en la eficiencia tributaria y una racionalización de determinados gastos de funcionamiento.

«Estas decisiones no conducen a ninguna revisión de las metas fiscales establecidas en el Presupuesto Nacional», sostuvo el titular de Economía.

La estrategia busca preservar la credibilidad macroeconómica y mantener el compromiso asumido por la actual administración respecto al equilibrio fiscal y la sostenibilidad financiera.

Junto con el proyecto presupuestal, el Poder Ejecutivo prevé remitir al Parlamento otras iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la actividad económica. Entre ellas se destaca el proyecto denominado Ley de Competitividad, Innovación y Reducción del Costo de Vida, concebido como una herramienta complementaria para impulsar la inversión, mejorar la productividad y fortalecer el poder adquisitivo de los hogares. La presentación simultánea de estos proyectos refleja la intención del gobierno de combinar políticas sociales focalizadas con medidas orientadas a dinamizar la actividad económica. La discusión parlamentaria que comenzará en las próximas semanas constituirá una de las primeras grandes pruebas políticas de la actual administración y permitirá observar el grado de consenso que logren construir el oficialismo y la oposición en torno a las prioridades presupuestales definidas para los próximos años.

La infancia constituye el principal eje de la Rendición de Cuentas y recibirá la mayor parte de los incrementos presupuestales, anunció el ministro Oddone.

Cómo será el trámite parlamentario de la Rendición de Cuentas

La Rendición de Cuentas constituye uno de los procedimientos legislativos más importantes previstos por la Constitución uruguaya y debe ser presentada anualmente por el Poder Ejecutivo antes del 30 de junio.

Una vez ingresado el proyecto al Parlamento, la iniciativa comienza su tratamiento en la Cámara de Representantes. Allí es derivada a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que inicia un proceso de análisis artículo por artículo y convoca a ministros, jerarcas de organismos públicos, sindicatos, cámaras empresariales y organizaciones sociales para recibir sus planteos y observaciones.

La Cámara de Diputados dispone de un plazo constitucional de 45 días para aprobar el proyecto. Una vez obtenida la media sanción, el texto pasa al Senado, donde se repite un procedimiento similar de estudio en comisión y discusión en el plenario.

La Cámara Alta cuenta también con un plazo máximo de 45 días para pronunciarse.

Si el Senado introduce modificaciones al texto aprobado inicialmente por Diputados, el proyecto debe regresar a la Cámara de Representantes para que ésta se expida sobre los cambios incorporados.

En caso de persistir discrepancias entre ambas cámaras, la Constitución prevé la intervención de la Asamblea General, integrada por diputados y senadores, que debe resolver definitivamente las diferencias.

Finalmente, una vez aprobado el proyecto, el texto es remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación como ley.

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