Cotiza en la Bolsa española, incorpora inversores internacionales y ya opera plantas solares en Uruguay. Su expansión hacia los centros de datos explica el perfil del proyecto anunciado por el Gobierno.
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A., la empresa que acordó con el gobierno de Yamandú Orsi desarrollar una inversión proyectada de US$ 5.700 millones, es una compañía española fundada en 2002. Su trayectoria comenzó en la fabricación de paneles solares y evolucionó hacia la generación eléctrica y la gestión de infraestructuras. Desde 2007 cotiza en la Bolsa española y en 2020 ingresó al índice IBEX 35.
Para identificar a sus propietarios hay que distinguir tres planos: la familia que creó y conduce la empresa, los restantes accionistas y las entidades que eventualmente financiarán el proyecto uruguayo. Son relaciones diferentes. Comprar acciones de Solaria supone participar en la compañía; aportar dinero a una instalación específica requiere un compromiso adicional que debe documentarse.
El folleto informativo de salida a Bolsa identifica como socios fundadores a Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez, María Dolores Larrañaga Horna y sus tres hijos: Enrique, Arturo y Miguel Díaz-Tejeiro Larrañaga. El origen familiar está, por tanto, documentado en la información societaria de la propia empresa.
Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez ocupa la presidencia. Su hijo José Arturo Díaz-Tejeiro Larrañaga, habitualmente presentado como Arturo Díaz-Tejeiro, ejerce como consejero delegado, cargo equivalente al de director ejecutivo. Las cuentas y los informes de gobierno corporativo identifican a ambos en la conducción del grupo.
Arturo fue el representante empresarial que participó junto con Orsi en la firma y presentación del acuerdo en Montevideo. Su presencia corresponde, por tanto, a la máxima conducción ejecutiva de Solaria.
Según su currículo corporativo, es ingeniero superior industrial, tiene un MBA por el Instituto de Empresa y formación especializada en sistemas fotovoltaicos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Solaria Energía y Medio Ambiente, la empresa española dedicada al desarrollo de energías renovables, ha sido objeto de denuncias y reclamaciones de contratistas que cuestionaron su actuación en la construcción de instalaciones fotovoltaicas. Las controversias adquirieron visibilidad pública durante 2024, cuando medios españoles informaron sobre acciones judiciales y comunicaciones al regulador bursátil por presuntos incumplimientos y posibles irregularidades.
Uno de los casos publicados involucra a Izmar, una contratista que, según informó Merca2 el 13 de enero de 2024, presentó tres denuncias en los juzgados de Guadalajara y reclamó aproximadamente dos millones de euros por trabajos realizados para Solaria. Los escritos, de acuerdo con esa publicación, incluían acusaciones de presunta estafa, coacciones, falsedad documental y fraude de ley. La existencia de esas acusaciones no acredita la comisión de los delitos señalados.
El conflicto comprendía trabajos vinculados al parque Telesto Solar 4, dentro del complejo Budia Norte, en Guadalajara. Izmar cuestionaba la información contractual sobre los permisos necesarios para ejecutar las obras y sostenía que se habían producido actuaciones que perjudicaban su continuidad laboral y el cobro de los servicios. La versión de Solaria también fue recogida por Merca2: según el medio, la compañía negó inicialmente que existiera denuncia alguna y, cuando fue informada de que el periódico disponía de documentación judicial, declinó formular comentarios adicionales. Esa respuesta corresponde a la consulta periodística publicada en enero de 2024 y no debe presentarse como una declaración actual de la empresa.
Reclamos ante el regulador
La disputa trascendió el caso individual. El 12 de marzo de 2024, Vozpópuli informó que Izmar había presentado una comunicación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores —CNMV—, identificándose como portavoz de unas 16 empresas afectadas.
Los reclamantes atribuían a Solaria una estrategia basada en condiciones contractuales difíciles de cumplir, obstáculos para finalizar los trabajos, resolución de contratos y ejecución de avales. Según esa información, las empresas situaban sus reclamaciones por encima de los 60 millones de euros de principal, además de otros conceptos. Se trata de una cuantificación atribuida a los denunciantes, no de una deuda judicialmente reconocida que haya podido verificarse para esta nota. La comunicación al regulador tampoco demuestra, por sí misma, que este haya constatado infracciones.
En junio de ese año, Merca2 publicó que una plataforma de contratistas evaluaba emprender acciones penales conjuntas ante la Audiencia Nacional. La información describía la preparación de una iniciativa y un informe jurídico sobre su viabilidad. Ese antecedente no permite afirmar que la acción colectiva se haya presentado posteriormente, que fuera admitida o que concluye con una condena.
Cuestionamientos sobre los proyectos
En otro frente, el sindicato agrario UAGA cuestionó en marzo de 2026 la tramitación de proyectos de Solaria en el País Vasco. La organización sostuvo que existía una fragmentación de instalaciones que, a su juicio, alteraba la competencia administrativa para evaluar su impacto ambiental.
UAGA también objetó la ocupación de tierras agrícolas y la evaluación de las consecuencias sobre las explotaciones rurales. Su calificación de esas actuaciones como “fraude de ley” expresa la posición de la organización y debe distinguirse de una resolución judicial y de las denuncias penales planteadas por contratistas.Los antecedentes muestran controversias que merecen seguimiento documental. Quedan por establecer el recorrido procesal de las denuncias, las decisiones adoptadas y la posición actualizada de Solaria.
La exigencia de transparencia empresarial obliga a examinar los reclamos con rigor: atribuir cada acusación, verificar cada expediente y publicar también las respuestas y resoluciones que permitan conocer su desenlace.
Stoneshield: otro actor relevante
Entre las posiciones significativas aparece Stoneshield Holding S.à r.l. La CNMV registra un 7,108 % de derechos de voto ligados a acciones y otro 2,437 % mediante instrumentos financieros, con una posición total notificada del 9,545 %. La distinción importa: el total comunicado al regulador combina categorías diferentes y no equivale íntegramente a acciones poseídas directamente.
Stoneshield fue fundada por Felipe Morenés Botín y Juan Pepa, según la presentación institucional de la firma. Ambos tienen antecedentes en Lone Star Funds; Morenés también trabajó en UBS y Pepa en Citigroup. La empresa se especializa en inversión y desarrollo de plataformas vinculadas a activos e infraestructura.
Felipe Morenés ingresó en el consejo de administración de Solaria en septiembre de 2025, después de la entrada de Stoneshield en el accionariado. Esa incorporación le dio representación en el órgano de conducción de la energética.Existe además un cambio reciente que debe considerarse al describir a Stoneshield: en septiembre de 2026, Cinco Días informó de una operación por la que Franklin Templeton adquiere alrededor del 75 % de la firma, mientras sus fundadores conservarán el 25 %. El estado de cierre y las condiciones de esa operación deben comprobarse antes de presentar una estructura definitiva de propiedad.
BlackRock y Morgan Stanley: qué significa su presencia
El registro de la CNMV también incluye a grandes instituciones financieras. Para BlackRock, informa un 3,089 % de derechos vinculados a acciones y un 0,802 % a través de instrumentos financieros. Para Morgan Stanley, la posición notificada del 7,646 % figura mediante instrumentos financieros. Esto obliga a evitar una simplificación frecuente: presentar cada posición financiera como si fuera una participación accionarial directa y estable. Para determinar su alcance hay que examinar la naturaleza de cada instrumento y los derechos asociados.
La presencia de estas instituciones en los registros de Solaria tampoco permite afirmar que financien directamente el emprendimiento anunciado en Uruguay. Ese vínculo necesita evidencia específica: contratos, aportes comprometidos, acuerdos de crédito o participación en las sociedades responsables del proyecto.
Qué tamaño tiene Solaria
Los resultados de 2025 publicados por la compañía ayudan a dimensionarla. Solaria comunicó ingresos totales de 303,4 millones de euros, un beneficio neto de aproximadamente 137 millones y un EBITDA de 266 millones. También informó que cerró ese ejercicio con 3,1 gigavatios de capacidad operativa y otros 1,3 gigavatios en construcción. Son cifras difundidas por la propia empresa.Estas magnitudes deben interpretarse correctamente. Los ingresos reflejan actividad durante un período; el beneficio es un resultado contable y la capacidad instalada describe parte de su dimensión operativa. Ninguno de esos indicadores equivale al dinero disponible para invertir de inmediato. La comparación con los US$ 5.700 millones anunciados para Uruguay plantea una pregunta pertinente sobre la estructura de financiamiento. Sin embargo, comparar exclusivamente la inversión prevista con la facturación anual resulta insuficiente para concluir que el proyecto sea viable o inviable. La evaluación requiere conocer los plazos, los aportes propios, el endeudamiento y las eventuales asociaciones.
Solaria Energía y Medio Ambiente, la empresa española dedicada al desarrollo de energías renovables, ha sido objeto de denuncias y reclamaciones de contratistas que cuestionaron su actuación en la construcción de instalaciones fotovoltaicas. Las controversias adquirieron visibilidad pública durante 2024, cuando medios españoles informaron sobre acciones judiciales y comunicaciones al regulador bursátil por presuntos incumplimientos y posibles irregularidades.
