Sin que causara una mayor sorpresa en círculos políticos y judiciales, la fiscal Alicia Ghione solicitó a través del Juzgado de 36° turno, el desafuero del senador nacionalista Gustavo Penadés.
El procedimiento que se sigue es la solicitud ahora a la Suprema Corte de Justicia, para que esta lo envíe al Parlamento. Como se trata de un senado, el estudio del tema será realizado por sus pares de la Cámara Alta. Una vez que ingrese el pedido deberá ser tratado por la Comisión de Constitución y Legislación, quién recomendará al cuerpo legislativo tomar una resolución.
El artículo 114 de la Constitución establece que una vez solicitado el desafuero «por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá (la Cámara) si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente».
Penadés está siendo investigado por ocho acusaciones de haber pagado a menores para mantener relaciones sexuales.
Se espera que en los próximos días los fueros se le estén levantando. Además de haberlo solicitado el legislador, existe acuerdo en que todos los partidos lo van a estar votando. Esto se debe a la delicadeza del tema y tomando en consideración que las denuncias ya son ocho.
Hace un mes Penadés envió una carta a la presidenta del Senado, Beatriz Argimon en la cual señalaba: “Tengo el honor de dirigirme a usted a efectos de solicitarle que, en atención a las circunstancias de público conocimiento, si el Poder Judicial solicitase el levantamiento de los fueros parlamentarios correspondientes a mi investidura, se proceda a dar trámite a dicho pedido de forma inmediata, adelantando a usted desde ya que no formularé al mismo oposición de tipo alguna”.
De esa manera Penadés concurrirá nuevamente ante la Fiscal como indagado y todo hace indicar que será procesado, ya que no tendría sentido el levantar los fueros sino se diera tal situación. Esto es teniendo en cuenta que Penadés ya declaró ante la Fiscal, por lo cual al misma tiene la declaración del acusado.
El artículo 4 de la ley 17.815 señala que «El que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría». Por otra parte, Penadés que era presidente del Parlasur solicitó licencia por 90 días. Su cargo pasó a ser ocupado por el diputado blanco Rubén Bacigalupe.
Otras denuncias
En medio de este tema, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay anunció que denunciará a la militante nacionalista Romina Celeste quién dijo que “el abogado del profesor Mauvezín pidió acceder a datos de denunciantes. ¿Qué querés, llamarlos para amenazarlos? Como hicieron con el primer menor… Yo soy la cara visible de todos ellos, ojo con meterte con las víctimas, payaso, que ya me contaron la clase de basura que sos”.
La tgremial de abogados indicó que “las manifestaciones que se repudian de la doctora Suárez (NDR: abogada de algunos de los menores) y su representada (Romina Celeste) son parte de una serie de expresiones que se vienen realizando de manera sistemática contra la actuación profesional de los abogados que han asumido la defensa de imputados en procesos por delitos sexuales y que no solo pretenden afectar su imagen, sino también limitar ilegalmente la forma como ejercen sus derechos y obligaciones como defensores”
