El primer semestre de 2026 confirmó la tendencia creciente de las solicitudes de concurso de acreedores en Uruguay. Entre enero y junio se presentaron 69 solicitudes de concurso correspondientes a entidades con actividad económica, una cifra que, si bien se ubica por debajo del registro extraordinario de 2025, continúa por encima de los niveles observados en los años previos y refleja un aumento sostenido de las dificultades financieras que enfrentan diversas empresas.
Los datos fueron difundidos por la Liga de Defensa Comercial (Lideco), que analizó la evolución de los procesos concursales correspondientes al primer semestre de cada año entre 2022 y 2026. Si bien el escenario actual no alcanza las cifras excepcionales registradas durante 2025, los datos del primer semestre de 2026 muestran que el nivel de solicitudes continúa por encima de los valores habituales observados en los años inmediatamente anteriores.
Para Lideco, la evolución reciente confirma que los procesos concursales siguen siendo un indicador relevante del estado financiero del sector empresarial.
De acuerdo con el informe, de las 69 solicitudes registradas durante el primer semestre de este año, 55 correspondieron a concursos necesarios, promovidos por acreedores, mientras que 14 fueron concursos voluntarios, iniciados por los propios deudores. El comportamiento de las cifras confirma la continuidad de una tendencia que ya se venía observando desde años anteriores. Si bien el año 2025 marcó el mayor número de solicitudes desde la crisis económica de 2002, Lideco aclara que aquel resultado estuvo fuertemente condicionado por una situación excepcional: las múltiples solicitudes de concurso vinculadas a empresas y personas relacionadas con distintos fondos ganaderos.
Precisamente por ese carácter extraordinario, la comparación más representativa surge al analizar el promedio registrado entre 2022 y 2024. En ese período, el promedio de solicitudes durante el primer semestre fue de 53 procesos, por lo que las 69 solicitudes presentadas en 2026 evidencian un incremento significativo respecto de esa referencia histórica reciente.
Predominio de los concursos necesarios
Uno de los aspectos que vuelve a destacarse en el informe es el amplio predominio de los concursos necesarios sobre los voluntarios. Para Lideco, esta diferencia constituye un indicador relevante sobre el comportamiento de las empresas en dificultades financieras. La institución sostiene que existe una pérdida de incentivos para que los propios deudores recurran tempranamente al mecanismo concursal previsto por la legislación. En consecuencia, son mayoritariamente los acreedores quienes terminan impulsando judicialmente la apertura de los concursos, una situación que, según la organización, limita las posibilidades de una reestructuración más ordenada de las empresas en crisis.
El informe recuerda que la legislación concursal ofrece herramientas que podrían facilitar soluciones anticipadas a los problemas de insolvencia antes de llegar a situaciones más críticas. En ese sentido, Lideco vuelve a manifestar su preocupación por la escasa utilización de los Acuerdos Privados de Reorganización (APR), un instrumento incorporado al régimen concursal precisamente para facilitar soluciones ágiles y negociadas entre empresas y acreedores.
Desde la institución consideran que esta herramienta continúa siendo subutilizada, pese a que ofrece una alternativa flexible para enfrentar procesos de insolvencia sin necesidad de recorrer todas las etapas de un concurso judicial.
La entidad entiende que una utilización más frecuente de estos acuerdos podría contribuir a preservar empresas viables, reducir los costos asociados a los procesos concursales y mejorar las posibilidades de recuperación tanto para deudores como para acreedores. Más allá del número de expedientes iniciados, Lideco subraya que cada solicitud de concurso tiene efectos que exceden ampliamente la situación particular de la empresa involucrada. La apertura de un proceso concursal puede afectar directamente a proveedores, clientes, trabajadores, entidades financieras y otros actores vinculados comercialmente con la firma en dificultades.
Por ese motivo, la organización considera que el monitoreo permanente de la evolución de los concursos constituye una herramienta estratégica para la gestión del riesgo empresarial y del crédito comercial. El seguimiento de estos procesos permite anticipar eventuales incumplimientos, adoptar medidas preventivas y fortalecer la toma de decisiones de las empresas que mantienen relaciones comerciales con compañías potencialmente comprometidas desde el punto de vista financiero.
