El gobierno parece haber elegido un camino peligroso: ajustar las tarifas públicas por encima de la inflación, aun cuando el discurso oficial insiste en que la economía se “ordenó”. El caso de OSE y UTE es elocuente. Mientras se habla de estabilidad, los hogares reciben facturas que crecen más rápido que sus salarios y jubilaciones. El mensaje es contradictorio: se celebra la baja de la inflación, pero se trasladan costos que la superan a servicios esenciales, donde el ciudadano no tiene alternativa.
Se argumenta que los entes necesitan equilibrio financiero e inversiones. Nadie lo discute. El problema es que la eficiencia se pide siempre del mismo lado: el bolsillo de los usuarios. Poco se habla de recortar gastos improductivos, modernizar la gestión o transparentar cuánto cuesta realmente cada decisión. Así, las tarifas terminan funcionando como un impuesto silencioso, que no pasa por el debate parlamentario pero impacta con fuerza en la vida cotidiana.
El aumento por encima de la inflación erosiona la confianza. Las familias sienten que hacen el esfuerzo, pero no ven mejoras sustantivas en la calidad del servicio. Y cuando el ajuste recae sobre el agua y la energía, deja de ser un tema técnico para transformarse en un problema social: quienes menos tienen pagan proporcionalmente más.
Si el gobierno quiere credibilidad, debe empezar por algo básico: alinear tarifas con la realidad de la gente, mostrar dónde se ahorra y explicar con claridad para qué se cobra más. De lo contrario, las cuentas podrán cerrar en los papeles, pero se abrirá una brecha creciente entre el Estado y los ciudadanos.
Mientras más suban las tarifas más dinero habrá para darles a los niños pobres.