Trump y el gobierno déspota de Estados Unidos tiene los días contados en el contexto internacional

Las denominadas “operaciones especiales” de Estados Unidos en Venezuela no son un episodio aislado ni un error táctico circunstancial: forman parte de una larga tradición de atropellos militares disfrazados de misiones humanitarias, de defensa de la democracia o de supuesta protección de los derechos humanos. El guión es conocido. Primero se construye un enemigo conveniente, luego se exagera una amenaza y, finalmente, se justifica la injerencia bajo la retórica de la libertad. El resultado, como siempre, lo paga la población civil.

Venezuela se ha transformado en un laboratorio de presión geopolítica. Sanciones económicas, apoyo a facciones internas, operaciones encubiertas y constantes amenazas de intervención directa componen un escenario que erosiona la soberanía y exacerba la crisis social. Las acciones clandestinas, ejecutadas lejos de cualquier control democrático real, operan en la penumbra: no se someten a parlamentos, no responden ante tribunales internacionales y rara vez aparecen completas ante la opinión pública. La opacidad es su principal escudo.

El argumento norteamericano insiste en que su rol es “contener” riesgos regionales: narcotráfico, terrorismo, inestabilidad institucional. Pero la evidencia histórica muestra otra cosa. En América Latina, cada vez que Washington intervenido —ya sea en Panamá, en Granada, en República Dominicana o mediante golpes indirectos— el saldo fue devastador: instituciones debilitadas, sociedades polarizadas, economías dependientes y una huella persistente de resentimiento. En Venezuela, la presión militar y paramilitar solo profundiza la espiral: endurece posiciones internas, legítima discursos de confrontación y deja a la ciudadanía atrapada.

Además, estas operaciones alimentan un doble estándar moral. Estados Unidos denuncia atropellos cuando le conviene, pero guarda silencio ante abusos cometidos por aliados estratégicos. Habla del respeto al derecho internacional mientras viola sus principios básicos: no intervención, autodeterminación de los pueblos, resolución pacífica de controversias. El mensaje implícito es claro: la legalidad es flexible cuando el interés geopolítico lo exige.

Una nación debilitada por sanciones y presiones militares no se democratiza: se asfixia. La democracia no se impone con submarinos, drones o comandos especiales; se construye con instituciones fuertes, diálogo, elecciones transparentes y respeto a los derechos ciudadanos.

La región necesita menos tutelas y más diplomacia. Menos operaciones encubiertas y más mecanismos multilaterales creíbles. América Latina ha aprendido, a fuerza de golpes y ocupaciones, que cada intervención extranjera promete orden y deja ruinas. Frente a la tentación de “resolver” Venezuela por la vía militar, la única respuesta responsable es reafirmar un principio elemental: ningún país puede arrogarse el derecho de decidir el destino de otro. La soberanía no es un capricho ideológico; es la base mínima para que cualquier proyecto democrático sea posible.