La declaración de Donald Trump, al afirmar que María Corina Machado “no está en condiciones de gobernar”, alteró el tablero político regional. No fue un comentario improvisado: fue un mensaje estratégico que reordenó jerarquías dentro de la oposición y dejó claro que Washington —tras el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores — pretende conducir la transición bajo sus propios términos. Para una dirigencia que durante años buscó respaldo externo, el gesto funcionó como advertencia: el apoyo tiene precio y límite.
El golpe de realidad llegó cuando Machado fue cautelosa. Reiteró que la oposición está lista para asumir responsabilidades, pero su discurso perdió centralidad. Trump desplazó la discusión hacia otra dimensión: quién administra el Estado durante la transición y bajo qué reglas. El anuncio de que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta estabilizar abrió una ventana de incertidumbre. En América Latina se reactivó un fantasma conocido: el de las tutelas prolongadas que, en nombre de la seguridad, terminan debilitando la soberanía.
La Casa Blanca intentó matizar. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que no se trata de dirigir el día a día, sino de ejercer control estratégico sobre sectores clave —especialmente el petrolero— para forzar reformas institucionales. Pero esa narrativa choca con la imagen de un poder extranjero administrando recursos, fijando prioridades y condicionando alianzas. Incluso analistas favorables a la intervención admiten que la señal es ambigua: promete orden, pero proyecta dependencia.
En Caracas, la respuesta fue inmediata. Delcy Rodríguez, designada presidenta encargada por la alta corte tras el secuestro de Maduro, denunció “secuestro” y violación flagrante de soberanía. Más allá de la retórica, la interinidad expuso otro problema: la ausencia de un consenso interno amplio para conducir la transición.
El golpe también se sintió en el interior de la oposición. Sectores moderados observan con inquietud que, después de dos décadas de disputa política, la principal figura opositora sea relegada por quien hoy controla los resortes de la fuerza.
Otros, más pragmáticos, creen que Trump solo dijo en voz alta lo que muchos diplomáticos ven en privado: Machado polariza, carece de inserción territorial suficiente y enfrenta vetos cruzados en el establishment venezolano.
En el resto de América Latina, el caso venezolano funciona como espejo. Gobiernos que acompañaron la presión sobre Maduro ahora dudan: respaldar una administración extranjera puede generar costos políticos internos y reavivar memorias de intervenciones pasadas. Otros prefieren apostar a mecanismos multilaterales, aun cuando su eficacia ha sido limitada. La fractura expone una tensión persistente: seguridad o soberanía, urgencia o institucionalidad.
Para Trump, el mensaje tuvo doble utilidad. Ordenó a sus aliados y recordó que la transición es un activo estratégico de Washington. Para la oposición venezolana, en cambio, desnudó una verdad incómoda: la falta de liderazgo unificado y de una propuesta que combine legitimidad interna con apoyo internacional sostenible. Sin ese equilibrio, cualquier victoria simbólica puede evaporarse en la gestión.
El episodio deja una advertencia. Relegar a María Corina Machado no clausura el problema del poder; apenas desplaza su resolución. Si la transición se decide fuera de Venezuela, la reconstrucción nacerá condicionada. Y si se insiste en recetas de fuerza sin anclaje social, el país puede entrar en una nueva etapa de dependencia, con actores locales reducidos a administradores de decisiones ajenas. La próxima fase se jugará en ese punto crítico: recuperar la política antes de que la tutela se vuelva norma.
Lo que ocurra en los próximos meses será decisivo. Estados Unidos intentará mostrar resultados rápidos: estabilización macroeconómica, disciplina en el sector petrolero y señales de apertura electoral. Pero un orden impuesto desde arriba puede desmoronarse si no construye acuerdos mínimos con sindicatos, empresarios, comunidades y fuerzas armadas. Los manuales de transición enseñan que la gobernabilidad no se decreta: se negocia, se legitima y se sostiene con reglas previsibles. Venezuela llega exhausta a ese punto. La viabilidad del nuevo ciclo dependerá de si la tutela se transforma en acompañamiento o en administración permanente. Entre ambos extremos se juega, otra vez, el sentido de la soberanía.
