Hogar, una deuda histórica que tienen los gobiernos en Uruguay, sin importar el signo político la falta de soluciones estructurales perpetúa la desigualdad en las comunidades más vulnerables.
Un país que es ejemplo en el mundo por su democracia, todavía tiene una pata floja, y este es el caso de la accesibilidad a la vivienda, una realidad que perjudica a miles de ciudadanos, especialmente aquellos que viven en barrios precarios, como el caso del Barrio San Miguel en Santa Catalina que alberga a 400 familias.
El acceso a la primera vivienda es un derecho fundamental que aún sigue siendo inaccesible, en el Barrio San Miguel, por ejemplo, desde enero de 2020, lo único que se ha construido son viviendas precarias, chapas, palos, carpas y nylon, sin acceso a los servicios básicos, como agua y luz.
Esta situación dio un giro, por un esfuerzo personal de Miguel Gonzales, impulsor y quien lideró las gestiones que hicieron posible el acceso a estos servicios, así como el mejoramiento de las calles, dando vida al barrio que hoy lleva su nombre, esto, sin apoyo estatal directo.
Hoy, lo único que se ha logrado en estos años, es la regularización de la luz, un servicio que recién se alcanzó en 2023 gracias al programa de Inclusión Social de UTE, y la entrega de un tanque de 2000 litros de agua potable para el merendero en 2024.
¿Es esto suficiente para dignificar una vida? ¿Es esta la realidad que merece nuestro país?
Lo que estas familias piden, y lo que todos deberíamos exigir como sociedad, es una política habitacional que no solo sea burocrática, sino efectiva y rápida. La regularización del servicio de agua potable, la mejora de las calles y el alumbrado público no son lujos, son necesidades básicas que dignificarían la vida de cientos de miles de uruguayos. La falta de estas condiciones básicas afecta a la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, y mantiene a las familias atrapadas en un ciclo de pobreza y precariedad.
Es necesario que el Estado deje de considerar a la vivienda como un bien exclusivo y comience a tratarla como un derecho humano básico. Miguel explicó que “tener una vivienda dignificaría la vida y lo esencial sería acceder a los servicios básicos, porque con nuestro esfuerzo estamos construyendo y mejorando nuestras viviendas con nuestro trabajo”.
La realidad, no solo toca a los barrios en estado de precariedad, sino a los jóvenes que, ven imposible comprarse una vivienda debido a los altos costos, y a sueldos que no superan el mínimo indispensable para hacer esta realidad posible.
Porque un techo propio, no es solo un montón de ladrillos apilados, es el sentimiento profundo de saber que el sudor y el trabajo diario nos conducen a un lugar al que podemos llamar hogar.
Un lugar donde no se vive con el miedo constante de tener que saltar de un lugar a otro, donde los alquileres se disparan mientras nuestras manos se agotan en cada intento de sostenernos.
El pueblo solo pide lo que le pertenece, la posibilidad de construir su vida, sin más barreras…
