Un nuevo capítulo se ha abierto en un caso que estaba siendo olvidado, el del accionar de la ex vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alejandra Koch y todo lo que hizo durante el poco tiempo que duró su gestión.
Se trató de una historia de conflicto de intereses, nombramientos en tiempo récord, cobros cuestionados y una renuncia que llegó apenas siete días después de asumir. Ahora, como si la trama necesitara un capítulo más, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) ha iniciado una investigación formal sobre su conducta. Koch, en su rol de directora, participó en la votación que aprobó el ascenso de su propio cónyuge, Ricardo Suárez. Una decisión que la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, debió dejar sin efecto, y frente a la cual Koch se negó a votar la reversión. No hubo abstención por pudor, no hubo gesto de autocrítica. Solo la persistencia de quien no parece advertir o no le importa advertir dónde termina el interés personal y dónde empieza el deber institucional.
El Oficio N° 47/2026, de la Jutep, fechado el 15 de abril de este año, resume como puede seguir esta trama, que parece no tener fin.
La Junta Anticorrupción solicita ahora a la ANP información detallada sobre el accionar de la misma. En una nota firmada por el vicepresidente de la Junta, Alfredo Asti. Se trata del Expediente 2025-34-1-0000133, y está dirigido al Presidente del Directorio de la Administración Nacional de Puertos, Ing. Pablo Genta Buzzetti. En el comienzo de la nota se destaca que «en ocasión de la creación del Código de Ética en la función pública y de lo previsto por el artículo 42, las personas públicas que menciona la ley, deberán disponer la creación de ámbitos competentes para la recepción de denuncias o noticias de actos de corrupción». A esto agrega «la JUTEP recibe cotidianamente denuncias por parte de funcionarios públicos y ciudadanía en general, en las que el organismo interviene en virtud de su rol como órgano de control superior». Esta institución recibió el 27 de abril de 2025, una denuncia nominada (o sea que lleva nombre y apellido) por presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Puertos (ANP), donde se denuncia a Alejandra Koch.
Entre los hechos denunciados se señala que Koch, en su calidad de Directora de la Administración Nacional de Puertos, participó de la decisión por la que la mayoría del Directorio que integra aprobó el ascenso de su cónyuge, Ricardo Suárez y se agrega que más allá de que posteriormente tal decisión fue dejada sin efecto por la Ministra de Transporte, «se produjo una flagrante violación de los artículos 8 (literal l), 9 (literal d), 13, 18 y 19 de la Ley N° 19.823».
Desde la Jutep se indica que si bien Koch renunció al cargo anterior, sigue siendo funcionaria pública «por lo que la necesidad de analizar su comportamiento, determinando eventuales violaciones a las normas de conducta legalmente establecidas».
Es por esto que la Jutep solicita a la ANP que se indique el periodo de tiempo en que Alejandra Koch se desempeñó como Vicepresidenta de la administración portuaria, la resolución por la cual renuncia al cargo de Vicepresidenta y el cargo actual que desempeña. También la resolución del directorio mediante la cual se dispuso el ascenso de Ricardo Suárez y acta del Directorio. Asimismo se quiere saber si el ascenso de Suárez, iba acompañado de diferencia salarial y compensación, la resolución que dejó sin efecto la designación y el cargo actual de este, como el parentesco entre el mismo y Koch. La Jutep indica que «se requiere la remisión de la respuesta en un plazo no mayor a 15 días».
Más alla de esto podemos decir que Koch es funcionaria de ANP desde 1983, con escalafón de «Idóneo/Analista administrativo» y dio un salto llamativo en 2013. En apenas 60 días completó 19 de los 20 cursos que figuran en su legajo. Talleres, capacitaciones, instancias formativas acumuladas a ritmo de maratón para acceder a cargos de mayor jerarquía y remuneración. Uno de esos cursos, detalle que la ironía no podría inventar mejor, fue un taller de «Ética y transparencia en la función pública».
A eso se suma otro capítulo que la Oficina Nacional de Servicio Civil ya había señalado en 2022, el cual era que Koch cobraba partidas complementarias por funciones que ya no ejercía. La asesoría jurídica de la ANP lo habilitó; el organismo de servicio civil dictaminó que no correspondía. El dinero siguió fluyendo igual.
Cuando el presidente Orsi firmó su designación como vicepresidenta el 25 de abril de 2025, el debate ya estaba instalado. Dentro del Frente Amplio había voces críticas. El Partido Socialista, del que Koch es militante, miraba con incomodidad, y la opinión pública no tardó en reaccionar. La ministra Etcheverry, que días antes había frenado el ascenso de Suárez, se encontró en la incómoda posición de tener que convivir con una vicepresidenta cuya designación era, cuanto menos, indefendible. Siete días después, el 2 de mayo, aceptó la renuncia.
El problema no es solo que Koch renunció. El problema es que fue designada. Que alguien, en algún nivel del proceso, evaluó su historial y consideró que era la persona adecuada para administrar uno de los nodos logísticos más importantes del país, por donde pasan miles de millones de pesos al año. Que el respaldo presidencial existió y fue explícito. Y que la investigación de la Jutep llega casi un año después de los hechos, cuando el escándalo ya hizo su recorrido mediático y la funcionaria ya no ocupa el cargo.
Lo que queda abierto es una pregunta de fondo, ¿Koch sigue siendo funcionaria pública? y la respuesta es sí. La Jutep lo señala expresamente como fundamento de su competencia para investigarla. Renunció a la vicepresidencia, no a la ANP. El expediente sigue su curso. Y Uruguay, que tiene instituciones capaces de investigar estas situaciones, merece que ese curso llegue hasta donde deba llegar, sin prescripciones administrativas convenientes ni resoluciones que queden cajoneadas.
