La experiencia de Uruguay muestra cómo la planificación a largo plazo, las políticas públicas y la inversión pueden contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, una de las prioridades del desarrollo verde que impulsa China.
La transición hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles plantea uno de los principales desafíos del desarrollo contemporáneo. Y se basa en cómo sostener el crecimiento económico sin profundizar el deterioro ambiental. En ese debate, Uruguay aparece como una experiencia relevante por los cambios que ha impulsado en su sistema energético y por las posibilidades que abre para pensar la relación entre sostenibilidad, autonomía energética y desarrollo.
La experiencia uruguaya
Protección ambiental y desarrollo verde en China: desde la perspectiva de la prensa fue la presentación que llevó a cabo el Sr. Wan Dai, editor de la Radio Internacional de China del Grupo de Medios de China (CMG-CRI).
El material sitúa al país sudamericano junto a Costa Rica, como ejemplo de protección ambiental, y contrasta estas experiencias con los desafíos de una economía de la dimensión y complejidad industrial de China.
La inclusión de Uruguay responde a una transformación que desde 2025, el 98% de la electricidad generada en el país procedió de fuentes renovables, según datos preliminares de la Dirección Nacional de Energía, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). La hidroelectricidad aportó el 46% del total, seguida de la energía eólica, con un 34%; la biomasa, con un 14%; y la solar, con un 4%. La generación basada en combustibles fósiles representó el 2%.

Detrás de estos indicadores existe un proceso de transformación que combina decisiones políticas, diversificación de las fuentes de generación e incorporación de inversiones públicas y privadas.
Esa combinación permite analizar la experiencia uruguaya en el contexto de la transición energética global.
Política de Estado y la matriz energética
Uno de los elementos centrales del proceso uruguayo fue la definición de una estrategia de largo plazo. En 2008, el Poder Ejecutivo aprobó una política energética que estableció objetivos relacionados con la diversificación de las fuentes, el impulso a las energías renovables, la eficiencia energética y el acceso seguro a la energía. Dos años después, los principales componentes de esa política recibieron el respaldo de representantes de todos los partidos con presencia parlamentaria.
La continuidad de los lineamientos estratégicos permitió desarrollar un marco para promover nuevas inversiones y modificar gradualmente la estructura de generación eléctrica. En lugar de depender exclusivamente de los recursos hidroeléctricos tradicionales, Uruguay amplió la participación de la energía eólica, la biomasa y, posteriormente, la solar.
El avance de las energías renovables ha contribuido, además, a reducir la necesidad de recurrir a la generación eléctrica basada en combustibles fósiles y ha permitido disponer de excedentes para exportar electricidad a los países vecinos en determinados períodos.
Aunque Uruguay ha alcanzado una elevada participación renovable en la generación de electricidad, los combustibles fósiles continúan teniendo relevancia en otros usos, especialmente en el transporte.
Energía, economía y autonomía
La transformación energética tiene implicaciones que van más allá de la protección ambiental. Para un país que carece de reservas probadas de petróleo, gas natural y carbón, diversificar las fuentes autóctonas supone una oportunidad para reducir su exposición a las variaciones de los mercados internacionales de combustibles.
La política energética uruguaya ha vinculado expresamente la incorporación de renovables con la soberanía energética y la sostenibilidad. El desarrollo de nuevas capacidades de generación también ha permitido responder a una demanda eléctrica creciente y ampliar las posibilidades de intercambio con los países vecinos
La experiencia demuestra que la transición energética no debe entenderse exclusivamente como un costo ambiental que las economías están obligadas a asumir. También puede abrir oportunidades de inversión, estimular nuevas actividades productivas y modificar las condiciones en que se abastecen la industria y los hogares.
No obstante, estos resultados no eliminan todos los desafíos. La dependencia de las condiciones climáticas, la necesidad de mantener redes eléctricas capaces de integrar distintas fuentes y la transformación de sectores que todavía utilizan combustibles fósiles forman parte de los asuntos pendientes. La sostenibilidad de largo plazo exige que los avances en generación renovable estén acompañados por políticas que atiendan el conjunto del sistema energético.
Qué puede aportar la experiencia uruguaya al debate chino
Mientras Uruguay ha podido transformar una matriz eléctrica relativamente pequeña mediante una combinación de hidroelectricidad, energía eólica, biomasa y solar, China debe abordar la transición en una economía de dimensiones continentales, con una extensa estructura industrial y una demanda energética muy superior.
Entre las dificultades que enfrentan las grandes economías identifica los desequilibrios regionales, la complejidad industrial y los obstáculos tecnológicos y financieros que condicionan la aplicación de políticas ambientales.
China, por su parte, impulsa una estrategia de desarrollo verde que combina la expansión de las energías renovables, la transformación de las industrias de alto consumo energético, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de los instrumentos de gobernanza ambiental. Su objetivo declarado es avanzar hacia una economía en la que el crecimiento y la protección ecológica puedan reforzarse mutuamente.

En ese contexto, Uruguay ofrece una experiencia útil para examinar el papel de la planificación, la continuidad de las políticas públicas y la diversificación energética. No se trata de trasladar de manera automática sus instrumentos a China, sino de identificar qué decisiones pueden adaptarse a las condiciones de cada economía.
La experiencia también invita a considerar que la transición verde no depende exclusivamente de la disponibilidad de tecnología. Requiere objetivos definidos, coordinación institucional, mecanismos de inversión y una visión que permita sostener los cambios más allá de un período de gobierno.
El caso uruguayo muestra que esos cambios requieren planificación, inversión y decisiones sostenidas en el tiempo.
Para China, cuya transformación energética debe responder a exigencias industriales, territoriales y sociales mucho más amplias, la experiencia uruguaya no constituye una receta que pueda reproducirse sin ajustes. Su valor reside en ofrecer elementos concretos para el análisis comparado de las políticas energéticas.

