El embajador de Uruguay en Bolivia, Fernando Marr, quien también se ha involucrado en el caso desde marzo, ha realizado nueve visitas a las detenidas, tanto en centros penitenciarios como en dependencias policiales, para monitorear su estado de salud y atender sus necesidades.
El Ministerio de Relaciones Exteriores facilitó la gestión de la documentación necesaria para la defensa de las detenidas, según enfatizaron las fuentes.
La Cancillería destaca que el proceso judicial se encuentra en una etapa avanzada, con una solicitud fiscal de sobreseimiento para la madre y de deportación para la hija, quien fue detenida con la droga. Aunque las mujeres esperan la confirmación de la sentencia por parte del juez, el proceso ha seguido las garantías debidas, por lo que Uruguay no puede intervenir en un asunto interno de Bolivia, aclararon.
Las sentencias de sobreseimiento y de cambio de tipificación de «tráfico de sustancias controladas» a «consumo y tenencia para el consumo» están pendientes de la designación de un juez de sentencia, lo cual se espera ocurra la próxima semana. El fiscal presentó la solicitud el pasado 8 de mayo.
La Embajada de Uruguay en Bolivia ha mantenido varias reuniones con la Cancillería boliviana para abordar la situación de las mujeres. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia está realizando las gestiones necesarias para proporcionar información y garantizar un debido proceso lo más rápido posible.
Por iniciativa de la representación diplomática uruguaya, se espera que el Defensor del Pueblo de Bolivia se reúna con las uruguayas.
