Este 1 de diciembre entró en vigor la ley que habilita exoneraciones fiscales y un régimen simplificado de importación para localidades limítrofes entre Uruguay y Brasil.
Esta implementación resulta de una ley aprobada en agosto, la cual otorgó al gobierno la facultad de definir cómo y dónde aplicar las medidas destinadas a paliar dicha asimetría, y que fue reglamentada por el Poder Ejecutivo a mediados de noviembre.
Según reportó este martes la agencia Prensa Latina, el coordinador Jefe de la División Operativa Zona Norte de Aduanas, Alejandro Gómez, explicó que, para los comercios inscriptos y habilitados, se abre la posibilidad de importar de manera definitiva y exenta de todo impuesto algunos tipos de mercaderías. Este proceso se realizará mediante un régimen simplificado que elimina una traba económica significativa: la obligación de contar con un despachante de aduana. “Siempre es un costo adicional”, reconoció Gómez.
La importación de esta mercadería beneficiada será exclusivamente a través de pasos terrestres habilitados, los cuales son Artigas, Bella Unión, Rivera, Aceguá, Río Branco y Chuy. Además, el radio de acción para acceder a estos beneficios abarca un área de hasta 60 kilómetros desde el punto de frontera. Asimismo, las empresas deben estar debidamente habilitadas y cumplir con la legislación correspondiente, asegurando que, a pesar de las facilidades, toda la mercadería será controlada por Aduanas, garantizando la formalidad del proceso.
Mientras el norte del país empieza a experimentar el impacto concreto de esta política, la atención también se vuelve hacia la otra frontera viva de Uruguay. El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, confirmó que el gobierno evalúa extender los beneficios tributarios al litoral oeste, en la frontera con Argentina. Sin embargo, esta decisión dependerá de un análisis minucioso de los resultados que arroje la puesta en vigor en el límite con Brasil.
A partir del 1 de diciembre, se evaluará “cómo funciona el régimen simplificado de importación, que le permite a los pequeños y medianos comerciantes de la frontera comprar directamente del lado brasileño sin impuestos, ingresar formalmente esos productos y venderlos formalmente en sus comercios”. Paralelamente, se analizará el desempeño del régimen de exoneración de aportes patronales (un 75% para nuevas contrataciones formales) y la utilización de la rebaja del IVA fronterizo.
Esta evaluación, que se prolongará por algunos meses, definirá los ajustes necesarios para luego trasladar el paquete de medidas al litoral. La posibilidad responde directamente a los reclamos históricos de los departamentos del oeste, que demandan un tratamiento tributario igualitario.
Precisamente, en el ámbito político, el Partido Nacional ha manifestado su postura crítica respecto a los tiempos de implementación de esta normativa. Los blancos han insistido con llamar al ministro de Economía, Gabriel Oddone al Senado para que rinda cuentas, tanto por los atrasos en la ley de fronteras como por otros temas, como la situación de la Caja de Profesionales. Este llamado busca profundizar en las razones detrás de las decisiones tomadas, especialmente en lo que concierne a la exclusión inicial del litoral y a la demora en la reglamentación de los beneficios que hoy, finalmente, entran en vigor en el norte.
El inicio de diciembre marca un hito para la economía fronteriza del norte uruguayo. La aplicación concreta de los beneficios fiscales representa un intento estructural por devolver competitividad a los comercios locales, golpeados duramente por la vecindad con economías de diferente signo cambiario.
La mirada del gobierno, está puesta en observar, medir y aprender del experimento norteño antes de dar el siguiente paso, un paso que el litoral oeste aguarda con expectativa. El devenir de los próximos meses, analizando la aceptación, el uso y el impacto económico real de estas herramientas, será crucial para definir si la política de alivio tributario fronterizo se consolida como una solución permanente y se expande para convertirse en una verdadera política de Estado para todas las regiones limítrofes del Uruguay.
