Según un informe publicado en 2022, se registraron 51 casos de amenazas a periodistas durante 2021, y al menos dos periodistas y medios de comunicación enfrentaron acciones judiciales por el contenido de sus investigaciones.
Reporteros sin Fronteras denuncia que los cargos públicos, ministros y miembros del Senado continuaron utilizando lenguaje estigmatizante hacia los periodistas y los medios de comunicación.
En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el aumento de los procesamientos penales, las amenazas y las restricciones a la libertad de expresión.
En septiembre, el Sindicato Único de Policías de Uruguay pidió al Ministerio del Interior que realizara una investigación urgente porque se había recibido información de que los teléfonos móviles de muchos agentes policiales habían sido intervenidos.
En diciembre, los periodistas del diario El Observador tuvieron que difundir información de gran interés público mediante canales externos a su institución, lo que “afectó su derecho a la libertad de prensa”. La información revelada estaba relacionada con el posible uso irresponsable y peligroso del sistema de seguridad del Estado para fines de vigilancia ilegal y espionaje.
La Administración Nacional de Educación Pública prohibió a los estudiantes manifestarse en los centros de enseñanza secundaria de Montevideo para pedir un mayor presupuesto educativo. Las autoridades amenazaron con utilizar la policía para desalojar a los estudiantes que protestaban.
Estas advertencias de Reporteros sin Fronteras fueron difundidas por Amnistía Internacional.
