La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) planifica eliminar antes de que concluya el año las bonificaciones vigentes sobre las tarifas de carga para vehículos eléctricos. Así lo confirmó el vicepresidente de la empresa pública, Roberto Bentancor, quien precisó que el retiro de estos incentivos económicos se procesará de forma progresiva. El jerarca explicó que la meta comercial del ente es equiparar los valores del suministro en estaciones públicas con los costos generales de la tarifa residencial privada, bajo la premisa de que el mercado de movilidad eléctrica ha alcanzado una madurez inicial y el retiro de los descuentos no desalentará la adquisición de unidades.
Esta reestructuración comercial de UTE se alinea con las directrices macroeconómicas esbozadas semanas atrás por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien planteó la necesidad de revisar y auditar los beneficios tributarios otorgados al sector. El diseño de la nueva política fiscal y tarifaria, que viene siendo coordinado junto al Ministerio de Industria, Energía y Minería, contempla además la posibilidad de activar las potestades presupuestales que habilitan a retirar la exoneración del Impuesto Específico Interno (Imesi) al momento de la compra de estos rodados. Actualmente, el ente energético aplica una deducción del 30% en el precio del kilovatio hora para los usuarios particulares que utilizan la infraestructura de carga pública.
Desde la dirección del organismo se aclaró que, por el momento, las modalidades de carga doméstica y residencial mantendrán sus esquemas de beneficios asociados. En paralelo, Bentancor informó que los ingresos genuinos que se deriven del incremento de las tarifas en el segmento público serán reinvertidos en el Plan de Movilidad Eléctrica de la empresa, el cual proyecta expandir la red de infraestructura nacional mediante la incorporación de 300 nuevos puntos de abastecimiento durante este año.
