El proyecto de ley PL 3518 llegó al Congreso de Perú el 11 de noviembre de manos del diputado fujimorista Jorge Morante Figari y ha pasado desapercibido en medio de la crisis política actual, con el expresidente Pedro Castillo encarcelado y movilizaciones casi a diario, cuya represión ha dejado cerca de 60 muertos.
Con él se pretende modificar la Ley de Protección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto creada en 2006 y transferir los poderes, ahora en manos del Ministerio de Cultura, a los gobiernos regionales para que puedan revocar o bien negar el estatus especial de los llamados Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), así como las reservas en las que viven.
«El ataque contra los aislados responde a los intereses económicos (…) porque quieren sacar madera y petróleo de allí», denuncia el portavoz Miguel Manihuari Tamani, de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).
Diferentes organizaciones ecologistas, como Survival International, han denunciado que se trata de «un intento obvio de robo de tierras por parte de la industria del gas, del petróleo y sus compinches». En Perú hay 25 pueblos indígenas en aislamiento y 17 en proceso de reconocimiento.
Muchos han bautizado el proyecto «genocida» debido a las «consecuencias catastróficas» que podría ocasionar a estos pueblos no contactados y las comunidades en las que viven, ubicadas en el norte de Perú. Entre los principales patrocinadores de esta medida estaría la «polémica» petrolera anglo-francesa Perenco, alerta Survival International.
«Este proyecto de ley (…) podría destruir por completo a los pueblos indígenas no contactados de Perú. Nunca se ha intentado nada parecido en ningún lugar del mundo. Sería genocida. Los pueblos indígenas afectados sencillamente no podrán sobrevivir a esta destrucción masiva de sus derechos, ha denunciado la investigadora de Survival International, Teresa Mayo.
«Sus territorios se abrirían aún más a la explotación industrial y, puesto que dependen totalmente de sus tierras para sobrevivir, podrían ser exterminados. Estamos ante un descarado ataque contra los Derechos Humanos de los pueblos indígenas de Perú, y no podemos permitir que se convierta en ley», ha insistido.
