Después de que un conductor alcoholizado provocara, al cruzar un semáforo en rojo en la Ruta 6 a la altura de Toledo, un choque múltiple que le costó la vida a tres jóvenes de 20, 25 y 28 años, la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito volvió a poner el tema sobre la mesa.
En un comunicado difundido esta semana y compartido a Diario La R por Verónica Ferrer —madre de un niño fallecido en un siniestro vial e impulsora de un proyecto de ley sobre el tema—, la organización le pide al Estado tres cosas puntuales: fiscalías especializadas en tránsito, la ejecución de fondos ya aprobados para seguridad vial y penas más severas para quienes cometen infracciones graves al volante.
El planteo llega en un momento particular: el Parlamento discute el proyecto de Rendición de Cuentas, y la Red quiere que la creación de esas fiscalías quede contemplada. Para la organización, no alcanza con que las conductas de riesgo estén tipificadas en la ley: el problema, insisten, es que las sanciones que existen hoy no logran transmitirle a las víctimas una respuesta a la altura del daño.
Teres solicitudes
El primer pedido apunta a la creación de Fiscalías Especializadas en Tránsito, “dotadas de los recursos humanos y materiales necesarios para una adecuada investigación y juzgamiento de estos delitos”. A su vez, la Red enmarca en la obligación constitucional del Estado de garantizar “protección en el goce de su vida”, según el artículo 7 de la Constitución.
El segundo reclamo exige que se ejecute el dinero del Fondo de Seguridad Vial, ya aprobado por ley pero, según el comunicado, “aún pendiente de ejecución a fin de fortalecer las políticas públicas, el cumplimiento de la legislación y las herramientas destinadas a la prevención y la seguridad vial”.
El tercero punto solicita el estudio y la aprobación del proyecto de Verónica Ferrer para endurecer las sanciones de los cinco delitos previstos en la Ley de Faltas, que ya fue presentado ante el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
“Una profunda sensación de impunidad”
El texto de la Red sostiene que las conductas que provocan la mayoría de estas tragedias —conducir alcoholizado, a excesiva velocidad o sin respetar la señalización— son “conductas absolutamente evitables”, y que el Código Penal debería ajustarse con figuras acordes al daño causado sobre el bien jurídico protegido: la vida.
Según la organización, la brecha entre lo que la ley prevé y lo que efectivamente se aplica “genera una profunda sensación de disconformidad e impunidad entre las víctimas y sus familias”, que además de atravesar el dolor de la pérdida deben cargar con las consecuencias sociales, económicas y emocionales de la tragedia.
La Red también cuestionó a la Justicia por resoluciones que, dicen, no logran “transmitir a las víctimas una respuesta proporcional a la gravedad de las consecuencias producidas”, sobre todo cuando persiste el riesgo de que la conducta se repita.
Derecho a la vida
La Red ubica su reclamo no como un pedido de mano dura, sino como una cuestión de derechos. “La movilidad segura constituye un derecho inherente al derecho a la vida”, y agrega que “todos debemos poder desplazarnos con la certeza de que quienes comparten la vía pública actuarán con responsabilidad y respeto por las normas por el bien común”.
Por eso, la organización le pide a la Justicia que en los casos más graves valore la prisión preventiva o el cumplimiento efectivo de las penas, no como castigo en sí mismo sino como forma de “proteger a la comunidad, evitar riesgos de reiteración y reafirmar el compromiso del Estado con la defensa de la vida”.
Reclamo por respuestas más efectivas
La Red reclamó al Estado una revisión de las respuestas del sistema de justicia frente a los delitos cometidos en el tránsito, al considerar que las sanciones actuales tienen “escasa efectividad y aplicación” y no cumplen plenamente con una función preventiva ni reparadora.
En el comunicado, la organización señaló que existe una “creciente preocupación de la ciudadanía” por el aumento de estos hechos y sostuvo que las autoridades deben impulsar medidas que permitan una respuesta más eficaz ante situaciones de extrema gravedad.
“Entendemos que el Estado debe considerar la creciente preocupación de la ciudadanía frente al aumento de estos hechos y promover respuestas más eficaces”, expresó la red, al tiempo que reclamó que las sanciones previstas por la legislación tengan un impacto real en la prevención de nuevos casos y en la protección de la sociedad.
Además, la organización exhortó a las autoridades competentes a fortalecer el accionar del sistema judicial y pidió que se analice especialmente la aplicación de medidas como la prisión preventiva o el cumplimiento efectivo de las penas en aquellos casos considerados más graves.
“Valoramos especialmente aquellos casos de extrema gravedad en los que la prisión preventiva o el cumplimiento efectivo de las penas puedan resultar necesarios para proteger a la comunidad, evitar riesgos de reiteración y reafirmar el compromiso del Estado con la defensa de la vida”.
Mensaje a las familias
El comunicado termina con un mensaje de acompañamiento a quienes perdieron a alguien en el tránsito. “Para que ninguna muerte evitable quede naturalizada y para que todas las personas puedan ejercer plenamente su derecho a una movilidad segura y regresar sanas y salvas a sus hogares”, dice el texto, que cierra con: “nadie sale de su casa pensando en que no va a volver”.
Esto no se arregla con la creación de más fiscalías, ni con la instalación de más radares, se arregla con la aplicación de la ley. Las leyes están, lo que sucede es que los primeros que no las aplican son jueces y fiscales.
Pero ¿no es que los cráneos pensantes se reunieron para considerar una REBAJA en las multas….?
Y los argumentos esgrimidos en su momento no fueron más que una colección de estupideces injustificables que prácticamente ponían a las infracciones de tránsito como algo «normal», como un gasto más a ser incluido dentro del presupuesto de la «canasta familiar».
¡Qué manga de incompetentes! con una ignorancia que sólo muestra la incapacidad para ocupar puestos de decisión en cualquier organismo.
Quien viola las leyes del tránsito no merece ni perdón ni «rebajas» en las penas establecidas, sino el castigo correspondiente.
Lo que está en peligro no son los bolsillos de los infractores sino vidas humanas!
Muy sensato comentario. Aunque deben existir otras razones que no conocemos para tales decisiones.