La versión oficial que durante décadas sostuvo que las muertes ocurridas el 14 de abril de 1972 fueron consecuencia de enfrentamientos armados quedó formalmente desmentida. Un dictamen de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad concluye que no existieron tales enfrentamientos y que, por el contrario, las víctimas fueron ejecutadas en operativos llevados adelante por fuerzas estatales fuera de todo marco legal. La investigación refirió a la muerte de seis personas asesinadas el 14 de abril de 1972 en las casas de Pérez Gomar 4392 y Amazonas 1440.
En Pérez Gomar murieron Gabriel María Schroeder Orozco, Horacio Rovira Grieco, Armando Blanco Katras y Alberto Candan Grajales. En Amazonas, las víctimas fueron Luis Martirena Fabregat e Ivette Rina Giménez Morales.
El fiscal Ricardo Perciballe dispuso el archivo de la investigación —al amparo del artículo 98 del Código del Proceso Penal— debido a que los responsables identificados se encuentran fallecidos. Sin embargo, el cierre del expediente no implica una convalidación de los hechos, sino que deja establecida una nueva verdad judicial sobre uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del país.
“Ha quedado desvirtuada la versión oficial efectuada en su momento”, sostiene el dictamen fiscal, en referencia a los operativos realizados en viviendas de las calles Pérez Gomar y Amazonas, donde murieron varias personas a manos de fuerzas policiales y militares.
Durante años, la narrativa oficial indicó que las muertes se produjeron en el marco de enfrentamientos con integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Esa versión fue difundida, entre otros medios, a través de comunicados oficiales emitidos por las Fuerzas Conjuntas el mismo día de los hechos.
Sin embargo, la investigación reciente —impulsada en 2024 a partir de denuncias de familiares de las víctimas— permitió reconstruir los acontecimientos bajo una luz completamente distinta. “Muy por el contrario a lo afirmado en aquella instancia, que hace relación a un enfrentamiento, lo que ha quedado acreditado es un ostensible desborde institucional”, señala el fiscal.
La investigación fue extensa y compleja. Incluyó la toma de cerca de setenta testimonios, la realización de pericias forenses, la revisión de archivos históricos y la exhumación de restos para análisis antropológicos y médico-legales. También se incorporaron documentos provenientes de archivos militares, policiales y judiciales, así como registros periodísticos de la época.
Uno de los elementos clave fue la realización de una “autopsia histórica”, que permitió establecer con mayor precisión las circunstancias de las muertes. Según el informe del Departamento de Medicina Legal, “la mayoría de las víctimas fueron multibaleadas en contextos de ejecución” y las heridas correspondían al uso de armas automáticas o semiautomáticas.
El dictamen es contundente en su conclusión: “Las víctimas fueron ejecutadas por sus victimarios, quienes claramente no actuaron conforme a las causas de justificación” previstas en la legislación penal.
Además, la Fiscalía establece que los operativos se realizaron sin orden judicial, sin que existiera una situación de flagrancia y sin que las fuerzas actuantes hubieran sido atacadas previamente. “Las fuerzas policiales y militares participantes actuaron sin orden judicial alguna, sin encontrarse en una hipótesis de flagrancia y sin haber sido atacadas previamente”, afirma el documento.
Estos elementos son centrales para calificar los hechos como crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, el dictamen recuerda que este tipo de delitos se caracterizan por su extrema gravedad, por ser cometidos por agentes del Estado y por formar parte de un patrón sistemático de persecución.
El 14 de abril de 1972 es considerado uno de los días más trágicos de la historia uruguaya.
En horas de la mañana, comandos del MLN-T ejecutaron al exinterventor de Secundaria Armando Acosta y Lara, al capitán de navío Ernesto Motto, al subcomisario Oscar Delega y al agente Carlos Leites, además de herir gravemente a otros funcionarios. No obstante, la Fiscalía subraya que los delitos cometidos por particulares no justifican ni legalizan las acciones llevadas adelante por el Estado. Por el contrario, establece una clara distinción entre los delitos políticos y los crímenes de lesa humanidad, señalando que estos últimos no admiten eximentes de responsabilidad ni prescriben con el paso del tiempo.
A pesar de la contundencia de las conclusiones, la investigación no derivará en imputaciones penales. La razón es estrictamente jurídica: todos los responsables identificados han fallecido. “No se pueden efectuar imputaciones, por cuanto quienes aparecen como responsables, al presente se encuentran fallecidos”, indica el dictamen.
Sin embargo, el valor del pronunciamiento radica en la reconstrucción de la verdad histórica y en la respuesta institucional a décadas de reclamos de los familiares. La investigación también dejó en evidencia las dificultades para acceder a información clave, debido a la ausencia o pérdida de documentos en distintos organismos del Estado.
En varios casos, los pedidos de información a archivos oficiales no arrojaron resultados relevantes. No se encontraron expedientes judiciales completos, protocolos de autopsias ni registros detallados de los operativos. Esta falta de documentación obligó a reconstruir los hechos a partir de fuentes indirectas, testimonios y análisis periciales.
Asimismo, el dictamen contextualiza los hechos en un período de creciente deterioro institucional, en el que el Estado comenzó a aplicar medidas excepcionales de forma sistemática, como las Medidas Prontas de Seguridad, y a desarrollar prácticas violatorias de los derechos humanos.
En ese marco, la actuación de las fuerzas de seguridad estuvo influenciada por la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional, que promovía la eliminación de supuestos enemigos internos en el contexto de la Guerra Fría.
El documento también hace referencia a la actuación de grupos parapoliciales y paramilitares, como el llamado “Escuadrón de la Muerte”, que operaban con distintos niveles de apoyo o tolerancia estatal y que protagonizaron secuestros, torturas y asesinatos en ese período. Ese contexto, en el que se suspendieron garantías individuales y se otorgaron amplios poderes a las fuerzas armadas, marcó un hito clave hacia la dictadura cívico-militar.
Reapertura de la causa
La causa se reabrió en setiembre de 2024, cuando Gabriela Schroeder Barredo y Damián, Esteban y Guzmán Schroeder Orozco pidieron que se investigara la muerte de Gabriel María Schroeder Orozco. Luego se sumaron Luis Grieco, por Horacio Rovira Grieco; Cristina y Graciela Blanco Katras y Lucía Elola Blanco, por Armando Blanco Katras; Irina Candan, por Alberto Candan Grajales; y Laura Martirena Gimenez, por sus padres Luis Martirena Fabregat e Ivette Rina Gimenez Morales.
La investigación permitió identificar a los responsables que estuvieron al frente de los operativos. El dictamen ubica al entonces director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Víctor Castiglioni, como quien dispuso los operativos sin dar cuenta al juez de turno ni solicitar órdenes de allanamiento o detención. Para el procedimiento en Amazonas 1440, se señala al subcomisario Hugo Campos Hermida al frente del operativo policial y al capitán Carlos Calcagno Gorlero al mando del cerco militar. En el caso de Pérez Gomar 4392, se sitúa como responsable del operativo al capitán de fragata Jorge Nader Curbelo, a quien distintas fuentes y antecedentes documentales ubican como jefe del procedimiento.
Para los familiares de las víctimas, que durante décadas cuestionaron la versión oficial, el dictamen representa un paso importante. La investigación confirma que sus dudas tenían fundamento y que el Estado no había cumplido, hasta ahora, con su obligación de esclarecer los hechos.
No sé me ocurre cuál pueda ser el fin que se persigue con toda esta novela cincuenta años o más después de ocurridos los hechos, pues, hasta las piedras estaban no sólo en conocimiento de mismos sino que se sabían los nombres de quienes comandaron los operativos, quienes fueron las víctimas y hasta quiénes resistieron «valientemente» a los represores. Recomendable leer la entrevista al negro Pereyra Mena a esos efectos.
Mentirosos, yo era niño cuando iba pasando por la vereda de enfrente a la casa de la calle amazonas y comenzó el intercambio de disparos. Un soldado me empujó y caí atrás de un murito de un jardín. Ahí viví el tiroteo, no me lo contó nadie. No mientan
Eso es mentira, es lo que te contaron , hay mas de cirn vecinos que lo vieron. Luis Martirena e Ivette Giménez no tenian armas y no resistieron . Los milicos drogados tiraron incluso sobre las cabezas de los vecinos. Y no pasaste tan cerca, estaba cercado. No sexdi mentís o te convenciste de tu propia historia. 🐍
Eso es mentira, es lo que te contaron , hay mas de cirn vecinos que lo vieron. Luis Martirena e Ivette Giménez no tenian armas y no resistieron . Los milicos drogados tiraron incluso sobre las cabezas de los vecinos. Y no pasaste tan cerca, estaba cercado. No se si mentís o te convenciste de tu propia historia. 🐍
Como medida de Jurispudencia….es altamente positivo….primero porque descalifica una «mentira oficial historica»….porque reivindica la justicia….anulada en esos tiempos coyunturales….porque da respuesta a sus familiares….y porque suma a una VERDAD…que por mas que se intento ocultar….reafirma la MEMORIA HISTORICA….como instrumento para no repetir la barbarie de entonces….
Tristemente….las nuevas generaciones….estan mas preocupadas x lo «fashion»…lo «trendy»….y lo pre-digerido….que no recarga sus ya …hiper-lavadas mentes…lamentablemente poco se puede hacer…contra esta deformacion cultural impuesta…
Lo mismo paso en la calle Mariano Soler en el barrio brazo oriental cuando un 21 de abril 1974 donde tres muchachas estudiantes fuero vilmente ejecutadas por la llamada fuerzas conjunta de militares y policías, donde sacaron todo el instinto criminal ocasionado una balacera infernal contra la casa donde asesinaron a esas muchachas, con furia y sin control, disparando a mansalva y hasta con armas de grueso calibre que asimismo ocasionaron la muerte de un propio integrante de ese grupo delincuencial de las fuerzas de la dictadura cívico militar y de tan baja estopa que obviamente mintieron descaradamente informando que hubo un enfrentamiento, otra atrocidad ocasionada por esa gente con el poder que le daban las armas, pero la verdad tarda pero al final sale a luz.