El impulso hacia la enseñanza de calidad y de un nivel superior en la formación docente ha estado en el núcleo de las políticas públicas desde hace muchos años. Tal enfoque sin embargo ha estado diferenciado desde el propio inicio y se ha expresado en los debates entre Grompone y Vaz Ferreira sobre la existencia de una formación especializada y articulada a los sistemas educativos versus una formación más general dentro del sistema universitario. Han sido dos enfoques institucionales que han definido enfoques y políticas en un contexto de pugnas políticas e ideológicas.
En los primeros años de este siglo XXI, este escenario de debate sobre una estructuración de un nivel universitario para la formación docente se ha constituido en uno de los ejes centrales. Ello se produjo, más allá de quienes siempre han sostenido que la ANEP se conforma como un ente educativo y especializado con potestad en el ámbito de sus cometidos, para ofertar en todos los niveles educativos. Sin embargo, en el marco de una visión diferenciada y derivada de las propuestas de un Congreso de Educación en aquel entonces, en el 2008, se propuso la creación del Instituto Universitario de Educación, de nivel universitario, con la aprobación de la Ley General de Educación. Sin embargo, dicha propuesta fue rápidamente abandonada, más allá de ser obligatoria legalmente, con el apoyo de los sindicatos docentes, pasó a proponer la creación de una Universidad de la Educación, como ente autónomo y cogobernado.
Ello abrió una discusión nuevamente entre dos concepciones: una impulsada por los sindicatos docentes y el FA, de creación de una universidad autónoma, cogobernada y articulada a la UDELAR en el marco del Sistema Nacional de Educación Pública que se creó. Bajo este enfoque durante sus diversos gobiernos el FA hizo tres intentos – con diversos niveles de desarrollos normativos- para crear una institución universitaria como un ente de formación docente, los cuales fracasaron ante la falta de las mayorías legislativas requeridas para la creación de Entes Autónomos dispuesta en la Constitución. La oposición no compartía que esa institución fuese cogobernada como la Udelar, y en tal contexto en el 2015, Pedro Bordaberry propuso un proyecto legislativo, siguiendo el enfoque de Grompone de los años 50 del siglo pasado, de creación de una Universidad Nacional de la Educación (UNED) pero cuya estructura de gobernanza no era endógena, sino que tenía tanto la presencia de directivos designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado como también de personas electas por los colectivos de docentes, egresados y estudiantes. Todos ellos requerían niveles de formación y especialización que les permitiese gestionar dicha Universidad. Así, el proyecto planteó (art. 8 y 9) que la Universidad de Educación fuese dirigida por un Consejo Directivo Central de siete miembros con la presidencia de un Rector, junto a un Consejo Asesor y Consultivo compuesto por los Coordinadores Regionales y los Directores de los Centros Universitarios de Educación, designados como resultando de concursos públicos. Dicho Consejo estaría compuesto por 4 miembros incluyendo el Rector designados por el Presidente de la República previa venia de la Cámara de Senadores con los votos de tres quintos de sus componentes a comienzo de cada período de gobierno, y los otros tres miembros electos, por el cuerpo docente, los egresados y los estudiantes respectivamente, en elecciones bajo control de la Corte Electoral. También sería miembro pero sin voto, uno de los coordinadores regionales electo por sus pares. Este proyecto quedo también quedó archivado y el bloqueo político impidió la creación de una Universidad de la Educación. Endogamia y cogestión, versus diversidad de gobernanza.
En tal contexto, buscando lograr la universitarización de la formación docente, el actual gobierno impulsó a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada y ratificada por la ciudadanía, la creación de un procedimiento tanto de reconocimiento del nivel universitario de los cursos de la ANEP como de validación de los títulos de grado docente estableciendo con ello su carácter universitario. Este sistema ya está en funcionamiento a cargo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y miles de docentes han recibido su certificación como Licenciados en Pedagogía y múltiples cursos están en proceso de su reconocimiento. Con el nuevo gobierno, parecía que estamos ante un nuevo momento y el abandono de todo lo realizado por el gobierno actual. Pero increíblemente, sólo podría ser, al regreso al Proyecto de Ley de la oposición del año 2015, si es que esta considera que todo lo hecho debe ser borrado.
