Más de 150 organizaciones sociales, ambientales y académicas firmaron una carta abierta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou y al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, solicitando que se detenga la firma del contrato para el proyecto Arazatí-Neptuno. La misiva expresa preocupaciones relacionadas con la legalidad, el impacto ambiental y los derechos humanos asociados a esta iniciativa, que ha generado divisiones en la opinión pública.
Críticas al proyecto: “Inconstitucional y riesgoso”
En entrevista con Diario La R, Nahir Curbelo, activista y vocera del colectivo “Nodo Acá el Neptuno No”, subrayó que la oposición al proyecto radica principalmente en su presunta inconstitucionalidad. Según Curbelo, “el artículo 47 de la Constitución establece que el acceso al agua es un derecho humano y debe gestionarse exclusivamente por el Estado”. Para ella, “el proyecto delega la gestión del agua a un consorcio privado, lo cual viola principios fundamentales de nuestra Constitución”. Además, señaló que la inversión de 900 millones de dólares comprometida para la ejecución del proyecto generará una deuda significativa para el país durante 20 años, con costos que podrían aumentar debido a los intereses. “Es un gasto injustificable para un país que ya enfrenta desafíos económicos. No podemos permitir que el acceso al agua quede supeditado a intereses privados y de lucro”, afirmó.
Curbelo también destacó la falta de participación ciudadana en el proceso. “Se está decidiendo a espaldas de la población, sin un debate serio ni consulta a las comunidades afectadas. Esto no solo es antidemocrático, sino que también demuestra la falta de transparencia del gobierno”.
Preocupaciones ambientales y sociales
La carta abierta, respaldada por agrupaciones como REDES Amigos de la Tierra, el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), advierte que utilizar el Río de la Plata como fuente principal de agua potable es altamente riesgoso. El río, afirman, presenta niveles de contaminación por agroquímicos y residuos industriales, además de complicaciones como variaciones en la salinidad y la presencia de cianobacterias. “No solo se pone en peligro la seguridad hídrica de la población, sino que también se compromete la salud pública debido a las dificultades en la potabilización del agua”, se señala en el documento. Curbelo reforzó esta preocupación al afirmar: “El Río de la Plata no puede ser considerado una fuente confiable de agua potable. Los riesgos de contaminación son enormes, y ya hemos visto las consecuencias de malas decisiones en materia ambiental. Esto podría ser catastrófico”. Otro punto destacado por las organizaciones es la amenaza que el proyecto representa para el Acuífero Raigón, una reserva clave de agua dulce. Según el comunicado, la ubicación del proyecto podría generar contaminación en esta fuente, afectando no solo el suministro de agua potable, sino también el desarrollo agrícola y agropecuario de la región. “Estamos hablando de poner en peligro un recurso estratégico para el país, que debería ser protegido, no expuesto a más riesgos”, sostuvo Curbelo.
Una carta con amplio respaldo
El comunicado, que luego se transformó en una carta abierta, cuenta con el apoyo de colectivos ambientales, movimientos sociales, sindicatos y comunidades indígenas. Entre los firmantes figuran la Coordinadora de Pescadores Artesanales, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) y la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES Uruguay), entre muchos otros. Las agrupaciones llaman a la ciudadanía a informarse y debatir sobre las implicancias de este proyecto, exigiendo mayor transparencia en el proceso. “Es fundamental que este tema no sea tratado a puertas cerradas. La gestión del agua afecta a toda la población, y debemos estar atentos para defender nuestros derechos”, afirmó Curbelo. También subrayó que “el silencio y la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades son señales de que algo no está bien. El pueblo tiene derecho a saber qué está en juego”.
La transición política como telón de fondo
La activista destacó que la decisión de avanzar con el proyecto Arazatí-Neptuno se produce en un contexto de transición política, lo que añade tensión al debate. “Firmar un contrato de esta magnitud y relevancia estratégica en medio de un cambio de gobierno es, como mínimo, imprudente”, afirmó. “Esto afecta no solo al actual gobierno, sino también a futuras administraciones y generaciones. No podemos dejar que decisiones tan trascendentales sean tomadas sin responsabilidad ni consenso”. Las organizaciones han solicitado al presidente Lacalle Pou y al ministro de Ambiente, Robert Bouvier que reconsideren su postura, instando a priorizar soluciones sustentables y ajustadas a los marcos legales vigentes.
Totalmente de acuerdo pero, cómo se puede parar este desastre de este gobierno ahora? Hay que tener en cuenta que después que Lacalle lo firme es casi imposible volver atrás. Suerte que tenemos un gobierno que se «preocupa» por los uruguayos. Ya hicieron demasiado daño.