Conflicto en la Constructora CEI: Sindicato denuncia despidos arbitrarios

La constructora CEI se encuentra en el centro de una creciente controversia laboral tras la desvinculación de 38 trabajadores, una medida que el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) ha calificado de «arbitraria» y «violatoria de los derechos laborales». El conflicto se desató después de que la empresa, a pocos días de la finalización de la licencia reglamentaria de la construcción, anunciara los despidos sin previo aviso ni justificación clara, a pesar de haber obtenido recientemente una licitación significativa de UTE. Según el sindicato, muchos de los trabajadores afectados llevaban décadas de servicio con un historial intachable, lo que hace aún más injustificable la decisión. La empresa argumenta que la medida responde a una reestructura interna debido a problemas económicos, pero el Sunca rechaza esta explicación, proponiendo alternativas como la rotación al seguro de desempleo para evitar la pérdida de puestos de trabajo. A pesar de la audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), no se ha logrado avanzar en la resolución del conflicto. La situación no solo pone en juego los derechos de los trabajadores, sino que también refleja las tensiones entre las decisiones empresariales basadas en la rentabilidad y la defensa de los derechos laborales en un contexto económico cada vez más incierto. La respuesta del sindicato, que incluye medidas de protesta y la continua búsqueda de negociación, deja en evidencia el difícil equilibrio entre la reestructuración empresarial y la protección del empleo en un sector clave para la economía nacional.

Fernando Macedo, delegado de base de CEI, indicó en diálogo con Diario La R que los despidos se produjeron tras el regreso de los trabajadores de la licencia reglamentaria, el 13 de enero. En ese momento, se les comunicó que 38 personas perderían su puesto de trabajo, incluyendo empleados con hasta 30 años de antigüedad y sin antecedentes de sanciones. Macedo subrayó que, antes de la licencia, el propio dueño de la empresa había asegurado que no habría despidos.

A pesar de que la empresa había ganado una licitación importante de UTE, lo que, en teoría, podría haber garantizado la estabilidad laboral, la dirección de CEI argumentó que la medida se debía a una reestructura interna por «problemas económicos». Durante una reunión con los trabajadores, la empresa explicó que la decisión de reducir el personal era inevitable, aunque el sindicato insistió en que no había apuro para implementar los despidos, sugiriendo como alternativa una rotación de trabajadores al seguro de desempleo.

La propuesta del sindicato, que había sido planteada antes de la licitación de UTE, consistía en un mecanismo de rotación en el que los trabajadores serían enviados temporalmente al seguro de paro, permitiendo a la empresa mantener su personal sin recurrir a despidos masivos. Esta solución fue rechazada por la empresa, que mantuvo firme su decisión de prescindir de 38 empleados.

En una audiencia de conciliación celebrada el lunes 20 de enero en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el sindicato expuso sus argumentos sin lograr avances significativos. Según informa Macedo, la empresa continúa con su postura de mantener los despidos, a pesar de que la rotación al seguro de desempleo sería una opción viable y económica.

Desde el sindicato de base de CEI y el Sunca han denunciado que la medida de los despidos es un «atentado violento al derecho de trabajo» y ha afirmado que defenderá todos los puestos de trabajo. Como primer paso, los trabajadores organizaron una asamblea para evaluar las acciones a seguir, mientras que la puerta de la negociación sigue abierta, según indicó Macedo.

A pesar de las tensiones, no se han planteado nuevas instancias de negociación en el MTSS por parte del sindicato, pero se mantienen atentos a cualquier posibilidad de acuerdo. Los próximos días serán clave para determinar si se logra una solución que proteja los derechos laborales de los trabajadores afectados.