En los últimos meses, la Dirección General Impositiva (DGI) intensificó su labor de fiscalización a nivel nacional, incluyendo inspecciones a profesionales independientes, muchos de ellos fuera del ámbito contable.
Esta serie de controles motivó al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) solicitar al Parlamento que se desarchive el proyecto de ley conocido como “Carta del Contribuyente”, una iniciativa que busca garantizar derechos fundamentales frente a las actuaciones de los organismos recaudadores y promover una relación basada en la confianza, no en la presunción de culpa.
El proyecto, presentado originalmente en 2023 junto al Colegio de Abogados y aprobado por la Comisión de Hacienda, y aprobado por la Cámara de Diputados quedó postergado tras el cambio parlamentario.
La presidenta del CCEAU, Cristina Freire, explicó que la decisión de reimpulsar el proyecto surgió luego de un operativo masivo de inspecciones realizado por la DGI que fue como “una bola de fuego” afectando, principalmente, a profesionales que trabajan de manera independiente, algunos de ellos sin la debida asesoría contable. “Muchos contribuyentes no tienen claro cómo actuar frente a una inspección: qué pueden presentar, qué puede solicitar la DGI, qué garantías tienen”, advirtió.
Uno de los puntos más sensibles señalados es el levantamiento del secreto bancario. Según Freire, en muchos casos se “puso al contribuyente en una situación delicada, firmando algo que podía implicar consecuencias no totalmente claras”. Indicó que, ante la situación de solicitar el levantamiento del secreto bancario, se realice bajo el artículo 53 de la ley 18.083.
¿Qué garantiza la Carta del Contribuyente?
Garantiza, por ejemplo, que las auditorías no paralicen actividades legítimas. Reconoce el derecho a recibir copia de la resolución que ordena una inspección, a no declarar contra uno mismo, y a que los procedimientos tengan plazos máximos definidos. También protege la confidencialidad de las comunicaciones entre el contribuyente y sus asesores, y asegura que la información obtenida no sea utilizada fuera del marco legal ni sin control judicial.
Desde el Colegio de Contadores se recuerda que los contribuyentes tienen a disposición asesoramiento especializado, siempre que acudan a profesionales habilitados. “El colegio tiene asesores (…) tiene servicio de consulta, un grupo de trabajo con respecto a DGI, un montón de herramientas que pueden ayudar”, explicó su presidenta.
Sin embargo, advirtió que muchas de las inspecciones recientes se dirigieron a profesionales que no son contadores, lo que limita la capacidad de respuesta y asesoramiento. “Evidentemente, el profesional que fue inspeccionado no se le ocurrió llamar al colegio”, señaló.
A pesar de la intensidad del operativo, Freire insistió en la necesidad de que estos procedimientos se conduzcan respetando el debido proceso: “No se puede partir de la base de que hay evasión, se debe investigar, si el profesional pudo haber tenido algún error, puede ser. En fin, todo está bajo la lupa, nada hay que darlo por hecho” indicó. En cuanto al proceso legislativo, Freire detalló que: “Ahora vamos a solicitar que se desarchive, y retomaremos el contacto con el Colegio de Abogados para relanzar el trabajo conjunto”.
Si la ley se aprueba, su alcance incluiría todos los tributos, excepto los de origen aduanero y departamental, así como también quedarán fuera aquellas prestaciones económicas fijadas por ley a favor de entidades públicas no estatales.
Finalmente, la presidenta enfatizó que el compromiso es respaldar al profesional y garantizarle al contribuyente reglas claras.
Estos delincuentes quieren «reglas claras» que los beneficien a ellos.