El Banco Central del Uruguay (BCU) ha presentado un anteproyecto de ley al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que busca reformar su Carta Orgánica para fortalecer la protección de los inversores y canalizar el ahorro público hacia proyectos productivos nacionales, como los denominados «fondos» ganaderos.
El Banco Central señala que «el problema de los “fondos” ganaderos expone oportunidades y riesgos en la captación de ahorro público, y el BCU ha venido implementando y prevé profundizar otras acciones que tienen por objetivo proteger al inversor y dinamizar el mercado de valores».
Esta iniciativa responde a la necesidad de cerrar brechas regulatorias que han permitido esquemas de captación de fondos sin supervisión adecuada, como se evidenció en recientes casos de inversiones ganaderas.
La propuesta del BCU es ampliar el ámbito de regulación de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) para incluir a entidades que, sin emitir valores de oferta pública, captan recursos financieros del público mediante operaciones financieras. El documento define una operación financiera, inspirándose en el Howey Test de la SEC, como cualquier transacción que implique un desembolso de fondos a cambio de una promesa de rentabilidad futura gestionada por un tercero.
Este cambio busca abordar casos como los «fondos» ganaderos, donde empresas del sector real captaban ahorros masivos sin emitir valores ni contar con licencias de intermediación financiera. Algunas de estas operaciones utilizaban contratos de capitalización ganadera, lícitos y tradicionales en Uruguay, pero otras realizaban convocatorias públicas que prometían retornos sin cumplir con requisitos de transparencia o registro.
Mayor poder de fiscalización
La reforma propuesta refuerza las potestades de la SSF, otorgándole herramientas similares a las de la Dirección General Impositiva (DGI). Entre las nuevas facultades se incluyen requerir información y realizar inspecciones, sin que el secreto profesional sea oponible, ordenar el cese inmediato de actividades irregulares, como campañas publicitarias o captación de fondos e Imponer sanciones severas, con multas de hasta 13 millones de Unidades Indexadas (UI) para quienes capten fondos sin licencia o realicen operaciones financieras no reguladas.
Estas medidas buscan disuadir prácticas fraudulentas y proteger a los inversores minoristas, quienes, según el BCU, suelen carecer de las herramientas para evaluar riesgos en esquemas no regulados
Equilibrio entre protección y desarrollo
El BCU subraya que la reforma no pretende sofocar la innovación financiera ni las actividades lícitas del sector productivo. Por ejemplo, los contratos tradicionales de capitalización ganadera, que no involucran convocatorias públicas, seguirán exentos de regulación. El objetivo es doble: proteger a los inversores y fomentar un ecosistema financiero que canalice el ahorro hacia la producción nacional, en un contexto donde gran parte del ahorro uruguayo se destina al exterior.
Para lograrlo, el anteproyecto propone una «rampa de financiamiento» que facilite el acceso de empresas al mercado de capitales, con requisitos escalonados según su tamaño y madurez.
Entre los instrumentos destacados están las plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding), como Crowder, que permiten a pequeñas y medianas empresas emitir hasta 20 millones de UI. También Contratos de Inversión Exclusivos para Inversores Calificados (CIEIC), dirigidos a inversores sofisticados con contratos flexibles y emisiones simplificadas y generales, que incluyen obligaciones negociables, acciones y fideicomisos financieros, con exigencias progresivas.
Educación y comunicación
El BCU también planea fortalecer la educación financiera y la comunicación con el público. Además, el BCU creará un subsitio de «Sanciones y Advertencias» y publicará un Reporte Semestral de Sanciones y Alertas para transparentar sus acciones y disuadir infracciones. «La comunicación es clave para generar confianza y prevenir fraudes», afirma Juan Pérez, experto en regulación financiera.
Los casos de «fondos ganaderos» han expuesto tanto los riesgos como el potencial del ahorro público para financiar el sector productivo. El informe destaca que los fondos de inversión cerrados, administrados por Administradoras de Fondos de Inversión (AFISA), podrían ser una solución regulada para canalizar inversiones en ganadería. Estos fondos, que pueden adquirir ganado directamente o capitalizarlo en predios de terceros, ofrecen transparencia y gestión profesional, aunque enfrentan desafíos normativos y tributarios que el BCU planea abordar.
Es verdad que se necesita mayor fiscalización Además la oposición la va a pedir en cualquier momento
Ahora a los uruguayos nos interesa ver el Proyecto de la Estancia Maria Dolores y cómo se va a hacer el seguimiento