La Iniciativa para la Gobernanza Global, presentada por el presidente chino Xi Jinping, podría abrir nuevas oportunidades de cooperación económica, tecnológica y cultural para América Latina, coincidieron los periodistas Leonardo Pérez Piña, de Diario La R de Uruguay, juanto a Ieshara Janit Quiroz Rivas, de Nicaragua, en una conversación con CGTN Español.
A continuación, se ofrece una síntesis y un análisis de los aspectos que, desde la perspectiva latinoamericana, resultan clave para entender las implicaciones prácticas de esta iniciativa.
Igualdad y multipolaridad
Pérez subrayó que uno de los valores centrales de la IGG, la igualdad soberana, abre un espacio para que países pequeños y medianos de América Latina formen parte de foros y decisiones globales con voz propia. En su lectura, la multipolaridad permite diversificar socios y no depender de un único polo de poder; ofrece acceso a financiamiento, inversión y plataformas multilaterales (ONU, BRICS, Foro China-CELAC) que amplían las alternativas de desarrollo regional.
Esta idea se traduce en una oportunidad práctica: Estados con condiciones institucionales estables pueden aprovechar la IGG para posicionarse como hubs de confianza, atraer proyectos de valor agregado y mantener relaciones más simétricas. No se trata de una promesa automática, sino de una oportunidad condicionada por la forma en que se estructuren los acuerdos y se establezcan las garantías.
Transformación productiva
Ambos invitados coincidieron en que la prioridad para muchos países latinoamericanos no es únicamente recibir inversión, sino convertirla en transformación productiva y empleo de calidad. Pérez señaló sectores concretos donde Uruguay puede avanzar: energías renovables (hidrógeno, baterías), agroindustria con trazabilidad, logística portuaria, economía digital y bioeconomía. Además, destacó que es importante evitar que los beneficios se concentren solo en las corporaciones o en el flujo de materias primas.
La IGG puede facilitar esa transición si se acompaña de instrumentos financieros diseñados para el largo plazo y de mecanismos que obliguen a la creación de capacidades locales: centros de I+D, programas de formación y condiciones contractuales que prioricen empleo y encadenamiento productivo.
Personas, comunidades y sostenibilidad social
Quiroz enfocó su intervención en el principio “centrado en las personas”. Para Nicaragua, y para buena parte de la región, la gobernanza global ha de traducirse en proyectos que mejoren salud, educación, seguridad alimentaria y oportunidades para las pymes. Subrayó que no basta con construir infraestructura: es imprescindible que los proyectos incorporen transferencia tecnológica, capacitación local, empleo digno y salvaguardias ambientales y sociales.
Su advertencia es fundamental: un proyecto que desplaza comunidades o contamina sin ofrecer alternativas sostenibles fracasa en el objetivo de desarrollo. Si la IGG aspira a legitimidad regional, debe articular incentivos claros para la sostenibilidad social y ambiental (más allá de los criterios macroeconómicos) y fomentar la participación de las comunidades en el diseño y supervisión de las iniciativas.
Innovación, datos y gobernanza tecnológica
Uno de los momentos más estimulantes del diálogo fue el reclamo de la periodista nicaragüense para que la región no sea solo receptora de tecnología, sino también coautora de soluciones. América Latina tiene talento, diversidad de datos (biodiversidad, idiomas, contextos productivos) y desafíos específicos que requieren soluciones a la medida: agricultura tropical optimizada, procesamiento de lenguaje para español y portugués, entre otros.
Esto abre una segunda línea de acción: insertar a la región en cadenas de valor digitales mediante laboratorios conjuntos, programas de becas y fondos mixtos que financien investigación aplicada. La IGG puede servir de marco para la creación de fondos de capital mixto y bancos de desarrollo regionales que prioricen la innovación con impacto social.
Gobernanza ética y liderazgo desde el Sur
Los dos entrevistados señalaron la necesidad de que América Latina participe en la elaboración de normas globales, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial, adoptando criterios que equilibren innovación y derechos humanos. Quiroz subrayó que la región puede actuar como puente normativo entre modelos regulatorios y ofrecer “laboratorios” de gobernanza replicables por otros países del Sur.
Se trata de una responsabilidad estratégica: la voz de América Latina en los foros multilaterales puede promover estándares más inclusivos, colocando en el centro del debate técnico y ético las prioridades de desigualdad, transición justa y protección de datos.
Conclusión
La IGG tiene potencial para reconfigurar espacios de cooperación entre China y América Latina, pero su éxito depende de la capacidad de los países de la región para convertir promesas en instrumentos concretos —financiación a largo plazo, transferencia tecnológica, formación de capital humano y marcos de gobernanza que protejan a las comunidades. Ambos periodistas coinciden en que América Latina no debe limitarse a recibir proyectos; debe aspirar a ser cocreadora de soluciones, aportando recursos, cultura y experiencia de integración regional.
En síntesis, la Iniciativa para la Gobernanza Global ofrece oportunidades, pero aprovecharlas requiere estrategia: definir prioridades nacionales y regionales, negociar cláusulas que fomenten la inclusión productiva y participar activamente en la creación de normas tecnológicas y ambientales. Solo así la IGG podrá transformarse en desarrollo tangible y en un futuro compartido real para la región.
