La Cámara de Zonas Francas del Uruguay emitió este martes un comunicado en el que reclama al Parlamento eliminar los artículos 628 y 662 del proyecto de Ley de Presupuesto, que crean el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico.
El nuevo tributo busca gravar las rentas de grupos multinacionales con operaciones superiores a 750 millones de euros anuales, en línea con el Impuesto Mínimo Global impulsado por la OCDE.
“Viola derechos adquiridos”
La Cámara sostiene que la medida “vulnera la seguridad jurídica”, al no contemplar de forma expresa el respeto por los contratos vigentes en el régimen de Zonas Francas. Según el comunicado, esto podría derivar en “juicios nacionales e internacionales por incumplimiento de contratos y tratados de protección de inversiones”, con un impacto negativo en la soberanía y en la reputación del país.
El organismo advirtió además que la aprobación del impuesto “desalienta nuevas inversiones y podría provocar el retiro de empresas ya instaladas”, con la consecuente pérdida de empleo y exportaciones. También remarcó que Uruguay quedaría en desventaja frente a la región, donde (señalaron) solo Brasil ha avanzado en la implementación del tributo.
La Cámara subrayó que el futuro del impuesto es “incierto” y que incluso dentro de la comunidad internacional existen cuestionamientos a su aplicación. “La OCDE no exige a Uruguay avanzar en este momento”, destacaron.
En conclusión, el sector pidió a los legisladores eliminar los artículos 628 y 662 del Presupuesto, “en defensa del empleo, la competitividad, la inversión y la reputación internacional del Uruguay”.
