Hace poco, en una conversación que todavía resuena, volvió a aparecer una pregunta incómoda pero inevitable: ¿qué fue realmente el ciclo progresista en América Latina y por qué, después de su auge, el escenario actual parece dominado por el avance de fuerzas conservadoras y de ultraderecha?
A fines del siglo XX, cuando Francis Fukuyama anunciaba el “fin de la historia” y la victoria definitiva del capitalismo liberal, la región pareció responder con hechos. La llegada de Hugo Chávez al poder marcó el inicio de un ciclo que se expandió por gran parte del continente: Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Nicaragua. América Latina parecía demostrar que había alternativas.
Pero ese impulso también generó su reacción. El golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya fue una señal temprana de que los poderes tradicionales no permanecerían pasivos. Luego vendrían otros episodios: la destitución de Dilma Rousseff, la persecución judicial contra líderes populares y la caída de varios gobiernos progresistas. El ciclo no desapareció, pero se replegó.
Sin embargo, reducir este retroceso a factores externos sería una simplificación. Una de las conclusiones más incómodas es que muchos de esos gobiernos no se propusieron transformar el sistema, sino administrarlo con mayor equidad. Hubo redistribución, ampliación de derechos y mejoras sociales, pero no una transformación estructural. No se alteraron las bases del modelo económico ni las relaciones de poder que lo sostienen.
Cuando el viento a favor de los precios de las materias primas se detuvo, también se agotó gran parte del margen de maniobra. Y en ese vacío comenzó a gestarse algo más profundo: una desconexión entre la izquierda institucional y su base social.
En ese punto aparece una idea clave: parte del ascenso de la ultraderecha no puede explicarse sólo por su propia capacidad, sino también por las omisiones de la izquierda. A medida que se institucionalizó, fue perdiendo contacto con los territorios, con los sindicatos, con las organizaciones comunitarias. La política se volvió más técnica, más distante, más parecida al lenguaje de los organismos internacionales que al de la vida cotidiana.
Mientras tanto, la frustración social —la precariedad, la inseguridad, la desigualdad persistente— no desapareció. Quedó latente, sin canalización política efectiva.
Y ese vacío fue ocupado por discursos más radicales, más simples, más emocionales. La ultraderecha no creó esa rabia: la interpretó y la capitalizó.
Uno de los cambios más profundos fue el del lenguaje. La izquierda dejó de hablar de clases sociales, de explotación o de conflicto estructural, y comenzó a adoptar categorías más neutras: “ciudadanos”, “usuarios”, “sectores vulnerables”. Al hacerlo, no solo cambió su forma de comunicar, sino también su forma de pensar. Cuando se habla con las palabras del adversario, se termina aceptando parte de su lógica.
La transición hacia un orden internacional más fragmentado y competitivo, con un Occidente en declive relativo, incrementa la presión sobre regiones históricamente subordinadas como América Latina.
La discusión, entonces, no es solo sobre el pasado, sino sobre el futuro. ¿Qué puede hacer la izquierda para recuperar la iniciativa? Algunas claves aparecen con claridad: reconstruir un proyecto transformador, dejar de depender exclusivamente de los ciclos electorales, volver al trabajo de base, asumir las diferencias sin fragmentar y fortalecer vínculos internacionales reales.
El problema no es solo que la historia no terminó, como anticipaba Fukuyama. El problema es que, en ausencia de una izquierda capaz de interpretar y canalizar las demandas sociales, otros actores están dispuestos a escribir el próximo capítulo. Y no necesariamente en clave de derechos, igualdad o democracia.
