La primera vuelta confirmó lo que ya se intuía: Perú está polarizado y fragmentado. Con más del 92% de actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, anunció que el balotaje del 7 de junio enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular, ~16,9%) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, ~12,0%), ex ministro del gobierno de Pedro Castillo, hoy en prisión. Dos modelos antagónicos. Una misma pregunta de fondo: qué país emerge después de la crisis.
La grieta política y la violencia social
La elección ocurre en un contexto donde la inseguridad ya no es un tema más en la campaña, sino el telón de fondo de la vida cotidiana. La tasa de homicidios trepó de 8,6 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 10,7 en 2025. En apenas cuatro años, un aumento superior al 24%. Detrás de esa estadística hay una geografía del miedo que se expande desde el Callao hasta Madre de Dios, y un protagonista central que es el Tren de Aragua, la megabanda venezolana que ya controla rutas de extorsión, trata de personas y minería ilegal en el corredor andino.
La violencia tiene un sustrato social devastador. El 17,4% de los jóvenes de 15 a 29 años ni estudia ni trabaja, más de 1,1 millones en total. La brecha de género es brutal: 25,4% de mujeres jóvenes frente a 15,4% de varones. En regiones como Puno o Cajamarca, la pobreza rural supera el 70%. En ese caldo de cultivo, el crimen organizado no recluta con pistolas, sino que lo hace ofreciendo alternativas de futuro. Y el Estado, ausente, mira hacia otro lado.
La política ofrece respuestas distintas. Keiko Fujimori promete mano dura, más cárceles y militarización, repitiendo el guión que durante décadas criminalizó la protesta social bajo el manto del “narcoterrorismo”. Su apuesta se agota en la represión.
Roberto Sánchez, por su parte, recoge la herencia de Castillo en un punto clave: la lucha contra el crimen organizado no puede reducirse a llenar cárceles. Su propuesta busca transformar el caldo de cultivo de la violencia con educación, trabajo digno y presencia estatal en territorios abandonados. No es una receta mágica, pero reconoce que el problema de fondo no es solo delictivo, sino social.
Ninguno de los dos, sin embargo, se atreve a abrir el debate más incómodo: si la regulación de los mercados de drogas sería más eficaz que una guerra perdida hace décadas. Ese silencio es, quizás, la derrota más elocuente del sistema político peruano.
Por qué todo esto importa en Uruguay
Uruguay no es ajeno a este reacomodamiento. El corredor bioceánico y el cable submarino compiten directamente con dos activos estratégicos uruguayos: la hidrovía Paraná-Paraguay, vital para la celulosa y la soja nacional, y cualquier proyecto futuro de cable que conecte Montevideo con el norte global. Si el país no entiende que el eje Atlántico-Pacífico se está moviendo, su eventual puerto de aguas profundas en Rocha —tantas veces anunciado, tantas veces postergado— podría llegar simplemente tarde.
El verdadero plebiscito
El 7 de junio, Perú no solo elegirá entre izquierda y derecha. Elegirá entre dos modelos de país y dos mundos en disputa: el de Washington y el de Pekín. Pero también decidirá algo más íntimo y urgente: si sigue apostando a la represión como política de seguridad —con más balas, más muertos y más jóvenes en cárceles que en aulas— o si enfrenta de una vez la raíz social y económica de la violencia.
Porque mientras los candidatos se pelean por el relato, el Tren de Aragua sigue armando sus rutas, los jóvenes ni-ni siguen eligiendo bando, y el cobre y el litio esperan en el subsuelo para contribuir a desarrollar al país o para formar parte de un nuevo capítulo del extractivismo imperial.
La herencia de Castillo —más allá de sus contradicciones y de su desenlace judicial— dejó al menos una intuición que Sánchez intenta rescatar: no hay seguridad duradera sin justicia social. Ese es, en silencio, el verdadero plebiscito.
