La educación superior en Uruguay atraviesa una enorme debilidad que radica en los aprendizajes, la eficiencia y la calidad. Para algunos el problema es la autonomía y la cogestión, ampliados además por ausencia de estándares y controles externos que han derivado en una autarquía con baja calidad y pertinencia educativa. Para el Ministro Mahia y los gremialistas, la solución a los problemas es más autonomía y cogestión y ausencia de control externo. Para nosotros, ello no resolverá los problemas de baja calidad y pertinencia para responder a las demandas sociales de calidad. La solución no es autonomía y cogestión sí o no, sino con cuales características, pero especialmente si existe o no un sistema de fiscalización y control. Hoy, la lógica endógena sin control se manifiesta ferozmente en la selección docente, en los ascensos y en la selección de horas, y en concursos que suelen estar viciados por el amiguismo, la militancia gremial y el sesgo ideológico, o incluso familiar, imponiendo no sólo barreras implícitas a académicos externos con mejores currículos, sino a docentes internos sin los apoyos políticos para ascender aunque tengan los requisitos. La evaluación de los candidatos en los grados altos están muchas veces arreglados y no hay forma legal de protestar. Incluso los programas se estructuran en función de intereses docentes y no de demandas externas. Sin duda, el soporte de ello está en la autonomía y la cogestión, pero también en la ausencia de un sistema de regulación y de controles externos, que establezca estándares y controles. Al carecer de estándares externos obligatorios con sistemas de verificación y de fiscalización externos de los programas como en toda la región, las instituciones funcionan como «juez y parte», lo que facilita un «despotismo en la gobernanza» que expulsa el talento y premia la lealtad grupal, gremial y política, sobre el mérito académico. Eso no ocurre en ningún lugar de América Latina. La autonomía no es autarquía. La ausencia de controles en Uruguay en contextos altamente politizados y corporativos, ha deteriorado la calidad, la eficiencia y la pertinencia.
Uruguay destaca negativamente en la región por ser casi el único país que carece de un sistema de fiscalización y control externo sobre las universidades que establece el licenciamiento sistémico y obligatorio, de fiscalización y aseguramiento de la calidad tanto para el sector público como para el privado. Esta falta de supervisión conduce a una baja pertinencia curricular, estructuras rígidas, programas desactualizados, cursos con excesos de estudiantes, modelos pedagógicas atrasados, alto gasto en burocracia, etc. que se mantienen porque cualquier cambio chocan con los intereses de las corporaciones internas que controlan el gobierno universitario. El resultado es una «sociedad de cómplices» donde no existen rígidas exigencias para no incomodar a los actores internos. No es casualidad tasas de graduación y de aprendizaje bajas, que sitúa a Uruguay en los últimos lugares de América Latina. La carencia de una mirada sistémica y nacional, ha hecho que desde una perspectiva macro, la autonomía ha fomentado un «feudalismo universitario» que impide la construcción de un verdadero sistema nacional de educación superior. Cada ente autónomo (UDELAR, ANEP, UTEC y el MEC sobre las privadas) dicta sus propios estándares de forma aislada, lo que genera una regulación fragmentada, desigual y costosa, y en un contexto donde nadie controla. Esta fragmentación tiene consecuencias graves, tales como la inmovilidad estudiantil, ya que la falta de sistemas comunes de créditos y notas dificulta que su traslado entre instituciones, convirtiéndolos en «rehenes» de su universidad de origen. Este sistema además tiene una alta opacidad de la información, careciendo de registros únicos de títulos y estadísticas confiables sobre matrícula o inserción laboral, lo que impide al Estado formular políticas públicas basadas en evidencia y constatar eficientemente los estándares de calidad. La autonomía ni mucho menos la cogestión son la solución, sino que son parte del problema por carecerse de sistemas de fiscalización y control externos. Un modelo que prioriza el ejercicio del poder interno sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes no puede garantizar una educación de calidad y un aporte significativo al desarrollo personal y nacional. Se requiere pasar del paradigma del «Estado Docente» sin control al del «Estado Evaluador», donde la autonomía de gestión se equilibre con una firme supervisión sistémica con auditorías, estándares de calidad, nacionales y obligatorios y una presencia de la sociedad y el mundo productivo en su gestión. Eso es el bien público en materia educativa
