El caso de Moisés Martínez, el joven de 28 años condenado recientemente a 12 años de prisión por el homicidio especialmente agravado de su padre, Carlos Martínez, parece haber llegado a su capítulo final. El crimen ocurrió el 25 de mayo de 2025, en el barrio El Monarca de Montevideo, en la frontera con Canelones. Moisés fue a la casa de su padre y le disparó al menos 14 veces, causándole la muerte de forma inmediata.
La defensa alegó que actuó con la intención de hacer justicia tras una vida marcada por abusos y tortura. El padre había sido denunciado por maltratos, no solo contra Martínez, sino también contra su madre y su hermana. La mujer fue víctima de agresiones físicas, violaciones reiteradas y situaciones de encierro y medicación forzada.
Tras el fallo, Sara Martínez, una de las hermanas del condenado, expresó su “dolor, enojo y bronca”. Cuando tenía 12 años, Sara denunció a su padre por violencia, lo que derivó en una condena de tres años de prisión. “Siento que hoy de nuevo me falla. No solo la Justicia deja mucho que desear, sino que vuelve a fallar. Decir que no hubo más denuncias es no entender cómo funcionaba la Justicia en ese momento, cuando yo, con 12 años, me animé a denunciarlo”, dijo en rueda de prensa tras la audiencia.
También cuestionó la tipificación del caso en su momento: “Se consideró un atentado violento al pudor. Ni siquiera (fue abuso sexual). Y a mí me abusó más de 60 veces”, afirmó.
En principio, la Fiscalía solicitaba una pena de 18 años, que luego pasó a 36. Sin embargo, la familia apeló a la aplicación del artículo 36 del Código del Proceso Penal, que faculta al juez a exonerar de pena en delitos de homicidio y lesiones cuando la persona haya actuado bajo un estado de intensa conmoción provocado por violencia intrafamiliar crónica.
El defensor de Martínez, Marcos Prieto, sostuvo que el día del asesinato el joven se encontraba en un “estado de colapso mental agudo”, producto de revelaciones recientes. No obstante, la Fiscalía argumentó que la respuesta institucional ante las denuncias previas había sido eficaz, recordando que en su momento el padre fue condenado a un año y medio de prisión. Asimismo, desestimó la aplicación del artículo 36.
En ese sentido, la jueza María Noel Odriozola consideró que “no se dieron los presupuestos del artículo 36”, pese a haber analizado el contexto “muy severamente”.
Reacción en redes sociales
El dictamen generó una fuerte conmoción social, con críticas de la familia y de movimientos feministas. La jueza se amparó en que la pena impuesta fue prácticamente la mínima posible dentro del marco legal.
El caso provocó una marcada polarización en Uruguay: por un lado, una fuerte corriente de indignación y empatía hacia Moisés y su familia; por otro, defensores de la sentencia desde la Fiscalía y sectores del sistema judicial.
El tono predominante en comentarios y publicaciones en X fue de indignación, con frases como: “No hay justicia”, “A un violador le dieron 2 años y a la víctima 12”, “El sistema protege a los victimarios”, “Libertad para Moisés” y “Justicia para las víctimas reales”. También hubo llamados a manifestaciones y a que el Parlamento intervenga mediante un indulto o reformas al artículo 36.
Asimismo, se registraron críticas hacia la jueza María Noel Odriozola y al sistema judicial por no considerar el “estado de conmoción” derivado de años de trauma. Algunos usuarios, si bien señalaron que el homicidio no es justificable, plantearon la necesidad de ponderar el historial de abusos y torturas denunciados.
La ONG El Paso fue una de las organizaciones más activas en torno al caso. Su directora, Andrea Tuana, calificó la sentencia como “devastadora” y como reflejo de una falla estructural del Estado en materia de violencia de género e intrafamiliar. En su cuenta personal escribió: “La sentencia del caso Moisés fue devastadora, muy dura, mucho dolor. Necesitamos un sistema de justicia diferente. Lo que hacemos no está dando cuenta de lo que las víctimas de violencia requieren. Hay que repensar todo. Hay mucha gente formada para ello”.
Por su parte, el usuario de la cuenta @Dejemosdecallar publicó: “Moisés, esa víctima dañada que no representa peligro para la sociedad, está preso. Mauvezin, ese delincuente captador de menores para explotación sexual, con riesgo de reincidencia, queda libre con la única medida de permanecer en su casa por la noche. Esa es la Justicia uruguaya”.
La abogada y especialista en la temática, Alicia Deus, analizó el caso en medios de comunicación, generando amplia repercusión en redes sociales. Allí planteó la interrogante: “¿Es posible aplicar justicia sin perspectiva de trauma?”. Muchos abogados consideran que podría haber correspondido el “perdón judicial” previsto en el artículo 36. No obstante, otros penalistas señalaron que los requisitos de dicha norma son muy exigentes, aunque algunos entienden que en un contexto extremo como este podría haberse aplicado.
Finalmente, el ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió al caso en medios tradicionales. Señaló que, de aprobarse las reformas al Código del Proceso Penal actualmente en discusión, Moisés podría acceder a una libertad anticipada, posiblemente tras cumplir alrededor de nueve años de prisión. Explicó que, en el marco normativo vigente, la pena es de cumplimiento efectivo por tratarse de un homicidio especialmente agravado.
