El pasado domingo en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, los discursos oficiales que celebran el compromiso con la libertad de expresión contrastan con una realidad global mucho más cruda y persistente: el asesinato sistemático de periodistas en distintas regiones del mundo.
Cada año, decenas de trabajadores de prensa son asesinados por ejercer su labor. No se trata de episodios aislados ni de circunstancias excepcionales vinculadas únicamente a contextos de guerra. Por el contrario, muchos de estos crímenes ocurren en países formalmente democráticos, donde investigar el poder político, económico o criminal implica asumir riesgos extremos. La violencia contra periodistas se ha convertido en una herramienta disciplinadora, orientada a silenciar investigaciones incómodas y a generar un efecto de autocensura que debilita el derecho de la sociedad a estar informada.
Organismos internacionales como la UNESCO han advertido de manera reiterada que más del 80% de los asesinatos de periodistas permanecen impunes. Este dato no es menor: revela la existencia de un sistema fallido —o en algunos casos deliberadamente ineficaz— que no logra, o no quiere, investigar y sancionar a los responsables. La impunidad no solo agrava la tragedia individual de cada crimen, sino que instala un mensaje colectivo: matar a un periodista puede no tener consecuencias.
A esta problemática se suma la creciente sofisticación de las amenazas. En muchos casos, los asesinatos son el punto final de una cadena de hostigamientos que incluye persecución judicial, campañas de difamación, vigilancia ilegal y violencia física. El periodismo de investigación, especialmente aquel que aborda temas como el narcotráfico, la corrupción estatal o las violaciones a los derechos humanos, se encuentra hoy en la primera línea de riesgo.
El sistema internacional de protección, pese a los avances normativos, sigue siendo insuficiente. Existen declaraciones, resoluciones y planes de acción impulsados por organismos multilaterales, pero su capacidad de implementación es limitada y, en muchos casos, depende de la voluntad política de los propios Estados involucrados. Esta debilidad estructural deja a los periodistas en una situación de vulnerabilidad que no se resuelve con pronunciamientos simbólicos.
En este contexto, los posicionamientos como el de Uruguay adquieren relevancia, pero también exigen coherencia y proyección. Reafirmar el compromiso con la libertad de prensa no puede limitarse a una declaración anual; implica asumir una postura activa en el escenario internacional, promoviendo mecanismos de protección más eficaces, impulsando investigaciones independientes y exigiendo justicia en cada caso de violencia contra periodistas.
Asimismo, es necesario comprender que la defensa de la libertad de prensa no se agota en la ausencia de censura directa. También requiere garantizar condiciones materiales, jurídicas y de seguridad para el ejercicio del periodismo. Esto incluye desde marcos legales adecuados hasta políticas públicas que protejan a los comunicadores frente a amenazas concretas.
La crítica al sistema global no debe entenderse como un ejercicio retórico, sino como una llamada de atención urgente. Mientras los asesinatos de periodistas continúen siendo una práctica recurrente y mayoritariamente impune, la libertad de expresión seguirá siendo un derecho frágil en vastas regiones del mundo.
Porque cuando se silencia a un periodista, no solo se apaga una voz individual: se restringe el acceso a la verdad, se debilita el control democrático y se empobrece el debate público. Y en ese silencio impuesto por la violencia, pierde toda la sociedad.
