En los pasillos de los centros de salud públicos, la escena se repite con una regularidad inquietante. Personas mayores que esperan más de lo aconsejable, consultas breves que no alcanzan a captar la complejidad de cada caso, y un sistema que parece correr siempre unos pasos detrás de una realidad que cambia más rápido de lo previsto. La fragilidad en la vejez, ese deterioro progresivo que vuelve vulnerable al adulto mayor, se ha convertido en un espejo incómodo para la política sanitaria en Uruguay.
El Ministerio de Salud Pública ha reconocido en distintos documentos la necesidad de fortalecer la atención geriátrica. Sin embargo, en la práctica, el abordaje sigue fragmentado. La lógica predominante continúa centrada en la enfermedad y no en la persona, lo que dificulta detectar a tiempo un síndrome que no siempre se presenta como una patología específica, pero que condiciona todas.
En la órbita de Administración de los Servicios de Salud del Estado, donde se concentra una parte significativa de la población más vulnerable, el desafío es aún mayor. La sobrecarga asistencial, la falta de equipos interdisciplinarios suficientes y las limitaciones presupuestarias configuran un escenario donde la prevención queda relegada frente a la urgencia.
“Llegan cuando ya están caídos”, comentan, en voz baja, algunos profesionales. No se trata solo de caídas físicas. Es también la caída en la autonomía, en la nutrición, en la red de cuidados. Cuando el sistema interviene, muchas veces lo hace tarde.
La fragilidad no es inevitable, pero requiere una mirada distinta. Implica evaluar al paciente en su entorno, entender si vive solo, si se alimenta adecuadamente, si puede moverse con seguridad. Ese enfoque integral, propio de la geriatría moderna, choca con estructuras sanitarias diseñadas para resolver episodios agudos, no procesos prolongados.
En Uruguay, donde el envejecimiento poblacional es uno de los más avanzados de la región, la falta de una estrategia robusta en geriatría empieza a mostrar sus consecuencias. Las internaciones evitables aumentan, las estancias hospitalarias se prolongan y los costos del sistema crecen, en muchos casos por no haber intervenido a tiempo.
Desde el entorno de la ministra Cristina Lustemberg se ha planteado la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención y de avanzar en políticas de cuidado. Sin embargo, las tensiones internas, los cambios en equipos técnicos y las diferencias en la conducción han generado señales de incertidumbre en áreas clave del sistema.
La discusión de fondo no es únicamente sanitaria. Es política. ¿Dónde se colocan los recursos? ¿Qué lugar ocupa la vejez en la agenda pública? ¿Se prioriza la prevención o se sigue administrando la urgencia?
El desafío es complejo. Requiere inversión, pero también decisión. Implica formar más especialistas, fortalecer equipos territoriales y articular políticas con el sistema de cuidados. Supone, en definitiva, asumir que la fragilidad no es un problema individual, sino una consecuencia de cómo se organiza —o se desatiende— el envejecimiento.
Mientras tanto, en los centros de salud, la escena no cambia demasiado. La espera continúa, los diagnósticos llegan tarde y la fragilidad avanza en silencio. No como una excepción, sino como parte de una normalidad que el sistema todavía no logra corregir.
Y en ese silencio, más que una falla médica, empieza a leerse una deuda política.
