La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) inició un proceso de reestructura organizativa que busca transformar el funcionamiento del organismo, históricamente ligado a la lógica bancaria heredada del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), hacia un modelo más enfocado en la ejecución de políticas públicas de vivienda.
Así lo afirmó el presidente de la ANV, el economista Claudio Fernández Caetano, quien sostuvo que la institución necesita “una revisión profunda” de sus procesos y admitió que la actual administración recibió una situación compleja, especialmente por la implementación del denominado Plan UR.
“La agencia nació de la reforma del Banco Hipotecario y mantiene una estructura muy asimilada a lo que era un banco. Hoy necesitamos aggiornarnos a nuevos tiempos y a otro tipo de actividades”, explicó Fernández.
La ANV fue creada en 2007 mediante la Ley 18.125, en el marco de la reestructura del BHU. El organismo absorbió dos tercios de la cartera y del personal del banco y pasó a actuar como brazo ejecutor de las políticas del Ministerio de Vivienda.
Reestructura en marcha
Fernández anunció que la ANV comenzó un proceso de rediseño organizacional que será elaborado por una consultora junto con equipos técnicos del organismo. “El objetivo es dejar de funcionar con una lógica bancaria y consolidarnos como una agencia ejecutora”, señaló.
La elaboración de la propuesta de reestructura tendrá un plazo estimado de seis meses y deberá realizarse sin incrementar el presupuesto actual del organismo. El jerarca también cuestionó aspectos de la gestión anterior. Según indicó, durante el último período “se perdió la buena costumbre de concursar los cargos gerenciales” y se multiplicaron las asignaciones directas y compensaciones salariales.
“No era ilegal, pero era otra forma de gestión. Nosotros quisimos volver a una lógica más transparente, basada en concursos”, sostuvo. Actualmente el directorio de la ANV está integrado por Fernández como presidente, Gustavo Machado como vicepresidente y Alfonso Lereté como representante de la oposición.
Fernández definió a la ANV como “un organismo muy complejo” debido a la combinación de funciones que desempeña. Por un lado, administra fideicomisos vinculados a la cartera heredada del BHU, cuyos beneficiarios son el Ministerio de Economía y Finanzas y, más recientemente, el propio BHU a través del fideicomiso creado por la Ley 20.237. Por otro, ejecuta programas del Ministerio de Vivienda financiados por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).
“Nosotros no invertimos directamente en vivienda; ejecutamos recursos de otros organismos”, explicó. En paralelo, la ANV administra llamados comerciales, sociales y oportunidades de inversión vinculadas a viviendas, terrenos e inmuebles provenientes de la antigua cartera hipotecaria del BHU.
Cultura de pago y remates
Fernández defendió la necesidad de fortalecer la “cultura de pago” y aseguró que la ANV retomará mecanismos de ejecución hipotecaria y remates en casos de morosidad extrema. Según explicó, la agencia prioriza la permanencia de las familias en las viviendas y aplica reestructuras, quitas y acompañamiento social antes de llegar a instancias judiciales o extrajudiciales. Sin embargo, advirtió que existen casos en los que “se hizo todo el esfuerzo posible” y aun así los deudores incumplen.
“No nos parece justo que haya personas que tienen ingresos para pagar, no pagan y no pasa nada. Queremos dar oportunidades de regularización, pero también la posibilidad a otras familias de acceder a una vivienda”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que los remates no deben verse como “un castigo”, sino también como una oportunidad para nuevos compradores, ya que las viviendas pueden financiarse.
Uno de los puntos más críticos señalados por Fernández fue la implementación del Plan UR, destinado a deudores históricos en unidades reajustables (UR). La Ley 20.237, aprobada en 2023 y modificada posteriormente por la Ley 20.395, creó beneficios para unos 21.000 deudores provenientes del BHU y de la ANV, incluyendo extinción de deuda o reducción de tasas de interés.
El presidente de la ANV admitió que la aplicación inicial del plan generó fuertes problemas de comunicación y clasificación.
“En 2024 hubo muchos deudores a los que se les informó que iban a recibir beneficios y finalmente no correspondía, o les correspondía otro beneficio distinto. Ahí arrancamos la gestión con una olla a presión”, expresó. Según explicó, la administración anterior realizó campañas masivas que “entreveraron a todo el mundo”, generando expectativas erróneas. La actual conducción decidió cambiar la estrategia y avanzar con comunicaciones personalizadas por teléfono, correo electrónico, cartas y WhatsApp. “Optamos por una comunicación más individualizada para que cada deudor tenga información precisa sobre su situación”, indicó.
El proceso se extendió luego de la aprobación del decreto reglamentario 243/025, en noviembre de 2025, que flexibilizó algunas condiciones y habilitó nuevas instancias de acreditación.
Hasta el 30 de junio de 2026, los potenciales beneficiarios de reducción de tasa deberán acreditar estar al día con tributos departamentales y nacionales.Según datos manejados por la ANV, existen 5.241 créditos con potencial acceso a beneficios de tasa 0% o 2,5%.
Fernández advirtió además que la aplicación de la ley implica para la ANV una pérdida estimada de recaudación cercana a US$ 350.000 mensuales, cifra que podría incrementarse una vez finalizado el período de adhesión.
Reversas y problemas técnicos
El informe semestral remitido por la ANV a la Asamblea General detalla además la existencia de 244 casos de “reversas”, es decir, créditos cuya clasificación debió ser modificada por errores, nueva documentación o inconsistencias detectadas. Entre las situaciones identificadas aparecen créditos que inicialmente recibieron un beneficio de extinción y luego se determinó que no correspondía, o casos donde se asignó una tasa equivocada. También se registraron dificultades técnicas vinculadas al sistema heredado del BHU, denominado SIGB, y problemas para individualizar créditos asociados a múltiples garantías.
La ANV informó además que al 15 de diciembre de 2025 se habían iniciado 628 expedientes de cancelación de hipotecas y 242 expedientes de escrituración de promesas.
Cooperativas y programas sociales
En cuanto al movimiento cooperativo, Fernández destacó que existe una mesa permanente de coordinación con las cuatro federaciones de cooperativas de vivienda, el Ministerio de Vivienda y la propia ANV. Además, el organismo mantiene abiertos llamados sociales para viviendas reacondicionadas en Montevideo e interior, con cuotas accesibles y mecanismos de sorteo. La ANV incorporó nuevas herramientas digitales para que los postulantes puedan visualizar las viviendas y su entorno, incluyendo cercanía a escuelas, CAIF y servicios. “Queremos construir ciudad y no limitarnos a mostrar una planilla con cuotas y requisitos”, concluyó Fernández.
