Charles Carrera se refirió en su audición en Radio Rivera a la solicitud del procesamiento que efectuara la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno solicitando una condena de cuatro años de prisión. Carrera dijo estar «muy tranquilo con lo que pasó esta semana».
El caso se remonta a 2012 y a un incidente ocurrido en La Paloma.
Ese año, Víctor Hernández recibió el impacto de una bala perdida y quedó paralítico. La investigación judicial apuntó a que el disparo habría salido de la vivienda de un policía donde se realizaba una fiesta con otros funcionarios. Sin embargo, esa circunstancia nunca pudo ser probada judicialmente, por lo que nadie fue condenado por el hecho que dejó a Hernández en silla de ruedas. Hernández no era funcionario policial ni familiar de uno. No tenía, por lo tanto, derecho a recibir asistencia en el Hospital Policial. Pese a eso, fue internado allí.
Según la imputación inicial, Carrera habría falseado información para permitir que Hernández permaneciera tres años internado en ese centro asistencial sin abonar el servicio. La Fiscalía sostuvo que esta internación fue producto de una decisión del entonces director general de Secretaría del Ministerio del Interior, es decir, Carrera, y que implicó un gasto total para el Estado de 260.000 dólares, asumido por la cartera de Interior. Además de la internación, Carrera habría otorgado a la familia de Hernández tickets de alimentación por 20.000 pesos por mes.
El caso contra Carrera tiene ya varios años de desarrollo, con instancias que incluyen pedidos de medidas cautelares, disputas sobre restricciones a la libertad de expresión del imputado, y la propia definición de los delitos que se le atribuyen.
El pasado viernes, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, a cargo de la fiscal Sandra Fleitas, presentó la demanda acusatoria contra Charles Carrera. La acusación solicita que sea condenado a cuatro años de prisión, inhabilitado para ejercer cargos públicos durante tres años, y que pague una multa de 1.000 Unidades Reajustables, equivalente a aproximadamente dos millones de pesos.
La presentación de esta demanda implica que, tras la etapa intermedia del proceso, el caso avanzará hacia un juicio oral. Los abogados de Carrera tendrán treinta días para responder una vez recibida la notificación formal, según informó el propio imputado. Los delitos por los que se acusa a Carrera son fraude y utilización indebida de información privilegiada.
«Esto es como un ring»
«Recién se inicia un juicio. Esto es como un ring, una pelea en el buen sentido», sostuvo el exsenador y dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) en su audición radial. Carrera dijo sobre «lo que realicé fue por disposición del ministro Eduardo Bonomi y por los principios y valores que nos guiaban en la gestión pública», afirmó. Y agregó que lo que hicieron fue ayudar a «una víctima de un mal procedimiento policial». Dijo que si en lugar de actuar como lo hizo se hubiera puesto «en la situación de burócrata», no sabe qué habría sido de la vida de esa persona hoy.
«Soy humano, realicé un acto humanitario. Los que me juzgan son unas bestias y hacen una lectura sesgada con el objetivo de dañarme políticamente», afirmó. Acusó a «parte de la Fiscalía» de estar siendo utilizada para judicializar la política y describió el proceso como un intento de «matar al adversario político» a través de lo que denominó lawfare, o guerra judicial. «Sigo siendo dirigente de la 609 y del Frente Amplio» dijo y acotó que quienes buscaban matarlo políticamente no lo lograron.
Señaló además una coincidencia de fechas que calificó de significativa. El mismo día que la acusación fue presentada en su contra, la fiscal de Corte interina Mónica Ferrero decidió trasladar al fiscal Machado, que estaba a cargo de los casos Cardama y Marset, vinculados al expresidente Luis Lacalle Pou.
